Carlos Alberto Treviño Medina, quien ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Dallas, Texas, y se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en proceso de deportación a México, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia señaló que existe una orden de aprehensión vigente por delitos que incluyen asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que la detención forma parte de una solicitud de extradición planteada hace aproximadamente cinco años y que Treviño será enviado a México en los próximos días para ser juzgado por el caso Odebrecht y otros cargos relacionados.

Las acusaciones contra Treviño proceden, en buena medida, de denuncias presentadas por Emilio Lozoya, su antecesor en la dirección de Pemex. Según esos señalamientos, Treviño habría recibido un soborno por alrededor de 4 millones de pesos ligado a contratos con la filial Braskem de la constructora Odebrecht, parte de la investigación sobre sobornos internacionales. Estas imputaciones forman el eje de las indagatorias que ahora se reactivan con la detención.

La detención, reportada por la FGR como ocurrida el 12 de agosto, la llevó a cabo la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que mantiene a Treviño bajo custodia en espera de su deportación. Medios locales en Texas también han dado cuenta del arresto ocurrido en Dallas.

La defensa encabezada por el abogado Óscar Zamudio ha asegurado, mediante comunicados, que la detención responde a una “confusión estrictamente de carácter migratorio”, y que Treviño cuenta con una solicitud de asilo político en trámite en Estados Unidos; por ello sostienen que no es “extraditable” en ese momento y afirman que existieron irregularidades en procedimientos previos en México, incluida la cancelación o disputa sobre una ficha internacional en 2023, según la versión de su defensa.

En contraste, la FGR mantiene que la orden de aprehensión de 2021 sigue siendo ejecutable y que, frente a la detención en territorio estadounidense, corresponde la repatriación o el trámite legal que permita su puesta a disposición de las autoridades mexicanas para afrontar los cargos. La tensión entre ambas versiones —la de la Fiscalía y la de la defensa— marcará las siguientes etapas del proceso, ya sea por vía de deportación o por trámites de extradición y recursos legales que la defensa pudiera presentar.

El caso de Treviño vuelve a colocar en el foco público las investigaciones derivadas del escándalo Odebrecht en México, que han involucrado a exfuncionarios y ejecutivos por supuestos sobornos y contratación irregular. La Fiscalía ha señalado que seguirá los cauces legales para garantizar la comparecencia y el juzgamiento del exfuncionario, mientras la defensa anuncia que agotará las vías jurídicas correspondientes tanto en Estados Unidos como en México.