El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina luego de permanecer más de dos semanas en ese país sudamericano, donde presuntamente se ocultaba tras ingresar con documentación falsa. El caso ha generado atención por sus implicaciones en redes de tráfico ilegal de combustibles y posibles vínculos institucionales.

De acuerdo con información proporcionada por la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, el marino ingresó al país con un pasaporte guatemalteco apócrifo bajo el nombre de Luis Lemus Ramos, con fecha de nacimiento de octubre de 1980. Según las autoridades, Farías Laguna llegó procedente de Colombia y se estableció en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Las investigaciones lo señalan como una pieza central en una presunta red de crimen organizado dedicada al llamado “huachicol fiscal”, un esquema que implica el tráfico de combustibles desde Estados Unidos hacia México, simulando su importación como aceites o aditivos para evadir controles fiscales. Además, enfrenta acusaciones por corrupción, robo de hidrocarburos y tentativa de homicidio contra funcionarios mexicanos.

Las autoridades argentinas, en coordinación con fuerzas de seguridad locales, lograron ubicar y detener al contralmirante, quien también es identificado como sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Tras su captura, se inició el proceso legal correspondiente para definir su situación jurídica en ese país.

En las próximas horas, Farías Laguna será presentado ante un juez argentino, quien le notificará que existe una orden de aprehensión en su contra emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, encabezado por la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez. Dicha orden está relacionada con delitos de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Durante esta audiencia, el imputado deberá decidir si acepta voluntariamente su extradición a México o si enfrenta un proceso de deportación. La resolución de este caso será clave para el avance de las investigaciones sobre redes de tráfico ilegal de combustibles y su posible infiltración en estructuras institucionales.