La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, provenientes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y parte del PVEM, y contempla sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas que podrían alcanzar los 226,000 pesos para quienes comercialicen o manejen estos dispositivos con fines de lucro.

El núcleo de la polémica radica en el régimen de sanciones penales. Desde que Pedro Zenteno (Morena), presidente de la Comisión de Salud, impulsó la iniciativa, las bancadas opositoras han acusado que la reforma abre la puerta a una criminalización de usuarios, particularmente jóvenes. Aunque Morena anunció la incorporación de una reserva para aclarar que los consumidores no serán perseguidos penalmente, los críticos sostienen que el texto deja zonas grises que podrían generar abusos.

Un debate encendido en torno a salud pública, derechos y seguridad

Durante más de tres horas, legisladores opositores llevaron vapeadores encendidos a tribuna y exhibieron carteles con mensajes como “Morena quiere meter a los jóvenes a la cárcel”. Integrantes de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la prohibición podría incentivar el mercado negro, abrir oportunidades para extorsiones y generar interpretaciones punitivas en ministerios públicos y policías.

Desde el PRI, la diputada Ana Isabel González señaló que el dictamen “no solo prohíbe la venta, sino el consumo y la posesión”, mientras que Rubén Moreira alertó que un joven portando un vapeador podría ser detenido arbitrariamente. Movimiento Ciudadano calificó la reforma como “la más prohibicionista y absurda en décadas”, cuestionando que se considere más grave el uso de vapeadores que otros delitos.

Morena, por su parte, defendió que la medida tiene un objetivo central: proteger a niñas, niños y adolescentes de productos que se promocionan como inocuos, pero que contienen sustancias como níquel, plomo y cadmio, asociados a inflamación crónica y afectaciones pulmonares. “La salud de la juventud no está en venta”, afirmó Zenteno.

Presión social, datos científicos y activismo en tensión

El avance de la reforma ocurre en un contexto de intensa disputa narrativa. Desde que se impulsó la prohibición hace tres años, han surgido campañas ciudadanas y organizaciones como México y el Mundo Vapeando, que alegan que el veto absoluto es contraproducente y podría agravar la crisis de tabaquismo al limitar alternativas para la reducción de daños.

En junio, activistas se manifestaron con mariachis frente al Senado, reclamando la falta de estrategias de reducción de riesgo y un diálogo más profundo con expertos y pacientes. La oposición en San Lázaro también criticó que el dictamen —de más de 800 páginas— se votara sin un proceso amplio de consulta técnica.

Una reforma amplia que incluye medicamentos, fentanilo y sustancias peligrosas

Además del apartado sobre vapeadores, el paquete aprobado incorpora otros cambios relevantes:

• Fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Salud para compras consolidadas de medicamentos y equipamiento médico.

• Nuevas disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos, particularmente aquellos utilizados en la producción de fentanilo.

• Actualización del marco regulatorio para el control de sustancias peligrosas.

  
  

La oposición cuestionó que temas tan diversos fueran “empaquetados” para acelerar su aprobación, mientras Morena argumentó que todas las medidas forman parte de una estrategia integral de salud pública.

Tras su aprobación en Diputados, el dictamen será enviado al Senado, donde continuará el debate sobre su contenido, alcances e implementación.