Al menos 18 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras dos ataques ocurridos ayer en Colombia, atribuibles a facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, informaron autoridades nacionales. El balance combina víctimas civiles y uniformados y provocó la activación de medidas extraordinarias por parte del gobierno.

El primer episodio se registró en Cali, donde un vehículo cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Fuentes oficiales y reportes locales señalaron que el estallido dejó seis muertos y decenas de heridos, además de daños materiales en viviendas y vehículos cercanos. Imágenes difundidas en redes mostraron escenas de pánico, vehículos en llamas y personas evacuadas.

Horas antes, en el nordeste de Antioquia, un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos fue derribado —reportes apuntan al uso de un dron o fuego antiaéreo—. El ataque en la zona entre Amalfi y Anorí dejó 12 efectivos muertos y varios heridos, según los partes oficiales.

Ante los hechos, el presidente Gustavo Petro anunció que decretará conmoción interior —por un periodo que fuentes sitúan en torno a 90 días— para restablecer el orden público, y exigió que se investigue y procese judicialmente a los responsables. Además el mandatario anunció que solicitará a instancias como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Corte Penal Internacional que se actúe contra los dirigentes de las disidencias implicadas y contra los cabecillas del Clan del Golfo por posibles delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció recompensas —reportes oficiales y cuentas institucionales señalan una cifra de hasta 200 millones de pesos colombianos— para obtener información que permita anticipar y prevenir nuevos atentados. La medida se suma a los operativos de búsqueda y contención ya desplegados en las zonas afectadas.

Las autoridades investigan la autoría concreta de ambos atentados mientras activan planes de atención a las víctimas y refuerzan la seguridad en puntos estratégicos del país. Las organizaciones civiles y los gobiernos locales también colaboran en labores de rescate y atención sanitaria a los heridos. En los próximos días el Ejecutivo espera anunciar medidas adicionales para proteger a la población y desarticular las estructuras responsables.