El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dos bancos nacionales—CIBanco e Intercam—y a la casa de bolsa Vector en su lista de instituciones sancionadas por presunto lavado de dinero y operaciones vinculadas con redes de China.

Al anunciar las medidas, la dependencia estadounidense instó a las autoridades mexicanas a profundizar las pesquisas y a fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

En la “mañanera” desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la información recibida por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es todavía “general” y carece de detalles suficientes para sustentar las acusaciones.

Ante la falta de documentación sólida, la CNBV procedió únicamente con sanciones administrativas por deficiencias normativas, sin señalar indicios de operaciones ilícitas. La UIF, por su parte, revisó a las empresas chinas implicadas y constató que mantienen relaciones comerciales de larga data con más de 300 firmas mexicanas, sin irregularidades aparentes.

Sheinbaum lanzó un reto al Tesoro estadounidense: “Que envíen las pruebas; si existen, las revisaremos y actuaremos con total firmeza, sin impunidad. Pero sin evidencia, no podemos reconocer lavado de dinero”. La mandataria insistió en la soberanía de México y en el principio de que la colaboración internacional se basa en la presentación de datos claros y verificables.

Mientras tanto, la investigación interna sigue su curso en las áreas de supervisión financiera, y el gobierno mexicano deja abierta la posibilidad de escalar el caso a instancias penales si llegaran a confirmarse vinculaciones con el tráfico de fentanilo u otro delito grave. La tensión entre ambos países pone en evidencia la complejidad de combatir el lavado de activos en un entorno de relaciones económicas globalizadas.