El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido cerrar el espacio aéreo español a cualquier vuelo militar vinculado con la ofensiva contra Irán, una operación atribuida a Donald Trump en coordinación con Israel. La medida implica una restricción total no sólo para el uso del espacio aéreo, sino también para la utilización de bases militares estratégicas ubicadas en territorio español.

La decisión afecta directamente instalaciones como las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón, tradicionalmente utilizadas en operaciones conjuntas con Estados Unidos. Con esta acción, el Ejecutivo español busca impedir cualquier participación indirecta en operaciones militares que tengan como objetivo territorio iraní.

El anuncio se produce después de que diversos reportes periodísticos señalaran la presencia de aeronaves estadounidenses que habrían hecho escala en bases españolas como parte de la logística del operativo. Estas denuncias detonaron la reacción del gobierno, que optó por una medida de carácter preventivo y restrictivo para evitar el tránsito de vuelos militares relacionados con el conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la decisión argumentando que se trata de una guerra contraria al derecho internacional, por lo que España no prevé enfrentar sanciones por esta postura. En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó el conflicto como “ilegal e injusto”, reforzando el posicionamiento institucional del país.

Desde Washington, la respuesta no se hizo esperar. Funcionarios de la administración estadounidense señalaron que las operaciones militares continúan avanzando conforme a sus objetivos sin necesidad del apoyo español. En particular, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la postura de España —miembro de la OTAN— al considerar contradictorio que un aliado limite el uso de su espacio aéreo en un contexto de cooperación en seguridad.

Este episodio abre un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas dentro de la alianza atlántica, al evidenciar diferencias sobre la legalidad y legitimidad de la intervención militar en Medio Oriente, así como el papel que deben asumir los países aliados frente a conflictos internacionales de alta complejidad.