El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo endurecimiento de su estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que mantiene catalogada como terrorista extranjera. La nueva ofensiva contempla acusaciones penales contra líderes del grupo criminal, recompensas superiores a los 100 millones de dólares, cancelación de visas para personas vinculadas con la organización y el compromiso de perseguir a los responsables sin importar el país en el que se encuentren.

Durante una conferencia de prensa, el procurador general interino, Todd Blanche, informó la presentación de cargos contra cinco presuntos integrantes de alto nivel del CJNG: Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como El Chorro; Hugo Mendoza Gaytán, El Sapo; Ricardo Ruiz Velasco, El Ruiz; Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; y Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma.

A estos procesos se suman otros tres que ya habían sido iniciados previamente contra Juan Carlos Valencia González, identificado como El Pelón y señalado como uno de los principales dirigentes del cártel; Audias Flores Silva, El Jardinero; y Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina.

El Departamento de Estado también anunció recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares para quien aporte información que permita localizar y detener a estos presuntos líderes. Entre ellas destaca el incremento de la recompensa por Juan Carlos Valencia González, que ahora asciende a 25 millones de dólares. Asimismo, se ofrecieron dos millones de dólares por información relacionada con Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como familiar de uno de los acusados.

Como parte de las nuevas medidas, Washington informó la revocación de visas a 65 personas identificadas como familiares o colaboradores de integrantes del CJNG, en un intento por limitar su movilidad y sus redes de apoyo.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que emplearán todas las herramientas legales disponibles para llevar ante la justicia a los señalados, al responsabilizar al CJNG de la distribución de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, así como de delitos relacionados con el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

El administrador de la DEA, Terry Cole, afirmó que la organización mantiene su estructura mediante actos de violencia y corrupción, y señaló que la prioridad de la agencia es capturar a Juan Carlos Valencia González. También aseguró que la ofensiva alcanzará tanto a integrantes del cártel como a quienes faciliten sus operaciones.

Funcionarios del Departamento de Justicia destacaron además resultados obtenidos durante la administración de Donald Trump, entre ellos sentencias contra integrantes del Cártel de Sinaloa y más de 200 extradiciones y expulsiones realizadas desde el inicio de su mandato, aunque no precisaron el origen de todos esos procedimientos.

Además de las acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas, tres de los ocho señalados enfrentan cargos relacionados con un presunto fraude de aproximadamente 400 millones de dólares cometido mediante esquemas de tiempos compartidos que afectaron a cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses.

Aunque durante la conferencia hubo pocas referencias a la coordinación bilateral, el titular de la DEA aseguró que la comunicación con las autoridades mexicanas permanece activa y confirmó que mantiene contacto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para atender temas relacionados con el combate al crimen organizado.