La Guardia Costera de Estados Unidos mantenía una persecución activa contra un petrolero en aguas internacionales cercanas a Venezuela, de acuerdo con reportes difundidos por agencias internacionales que citaron a funcionarios estadounidenses. Hasta el cierre de la información, ni el gobierno del presidente Donald Trump ni el del mandatario venezolano Nicolás Maduro habían confirmado o desmentido oficialmente el operativo.

Según fuentes consultadas por medios internacionales, se trataría de un buque identificado como Canopus Voyager, un petrolero de gran tamaño incluido el año pasado en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con Irán. Funcionarios estadounidenses señalaron que el navío navegaba bajo una bandera considerada falsa y que existe una orden judicial de incautación emitida por un magistrado federal, lo que permitiría su aseguramiento.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la embarcación no había sido abordada hasta el momento y que las intercepciones pueden implicar maniobras de seguimiento aéreo o marítimo. De acuerdo con información especializada en rastreo naval, el Canopus Voyager se encontraba sin carga cuando se aproximaba a aguas cercanas a Venezuela, aunque en años anteriores habría transportado crudo venezolano y petróleo iraní.

En paralelo a este operativo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó que un buque de la empresa estadounidense Chevron zarpó desde Venezuela con un cargamento de petróleo con destino a Estados Unidos. La funcionaria aseguró que la operación cumple de manera estricta con la legalidad nacional e internacional, en el marco de los acuerdos vigentes.

La persecución del Canopus Voyager se suma a otros dos incidentes recientes. El petrolero Skipper fue abordado el pasado 10 de diciembre y actualmente se encuentra en un puerto de Texas, mientras que el Centuries fue interceptado días después en una operación que Caracas calificó como “robo” y “secuestro”. La Casa Blanca defendió esta última acción, argumentando que el buque transportaba crudo de Petróleos de Venezuela SA y operaba como parte de una flota que evade sanciones, aunque el caso ha generado cuestionamientos legales en medios estadounidenses.

Estas acciones representan una escalada en la presión de Washington contra el gobierno venezolano y se producen en un contexto de creciente tensión en el mar Caribe. El propio Maduro ordenó recientemente que buques de la Armada venezolana acompañen a algunos petroleros que salen del país, lo que incrementa el riesgo de incidentes mayores.

La economía venezolana depende en gran medida de la exportación de petróleo, por lo que las incautaciones y persecuciones marítimas buscan limitar ese comercio estratégico. En este escenario, la confrontación diplomática y operativa entre ambos países continúa trasladándose a las rutas marítimas internacionales.