Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses realizaron nuevos ataques contra tres embarcaciones señaladas por presunto tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. El operativo dejó 11 personas muertas en una de las jornadas más letales desde el inicio de la estrategia militar impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el reporte oficial, dos lanchas con cuatro tripulantes cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras que una tercera, con tres personas a bordo, fue destruida en el mar Caribe. El ejército no presentó pruebas públicas que acrediten que las embarcaciones transportaban drogas, aunque difundió videos en la red social X donde se observa a los botes desplazándose o balanceándose antes de ser alcanzados por explosiones y envueltos en llamas.

Más de 40 ataques en meses recientes

Con estas acciones, el número total de personas fallecidas en la campaña asciende al menos a 145 desde principios de septiembre, cuando el gobierno estadounidense comenzó a ejecutar ataques directos contra lo que denomina “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones que operan en rutas de contrabando conocidas. En total, se han reportado al menos 42 ataques en el marco de esta estrategia.

El presidente Trump ha sostenido que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina y ha defendido los operativos como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Cuestionamientos legales y de efectividad

La ofensiva ha generado críticas tanto en el ámbito político como en el jurídico. Legisladores demócratas y especialistas en derecho internacional han cuestionado la base legal de los ataques, especialmente tras revelarse que en uno de los primeros operativos se ejecutó un segundo bombardeo contra sobrevivientes de una embarcación previamente alcanzada. Para sus críticos, estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o incluso crímenes de guerra.

En contraste, el gobierno y congresistas republicanos han defendido la legalidad de la estrategia, argumentando que se trata de objetivos vinculados con organizaciones criminales que representan una amenaza directa.

También existen dudas sobre la efectividad de la medida. Analistas han señalado que buena parte del fentanilo responsable de miles de sobredosis en Estados Unidos ingresa por vía terrestre desde México, donde se produce con precursores químicos provenientes de China e India, lo que pone en entredicho el impacto real de los ataques marítimos.

Escalada militar en la región

La campaña forma parte de un despliegue militar sin precedentes recientes en América Latina. La ofensiva se intensificó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico después de un operativo realizado el 3 de enero.

En el marco de este fortalecimiento militar, el portaaviones USS Gerald R. Ford fue enviado al Caribe a finales del año pasado. Sin embargo, de acuerdo con un funcionario naval, la embarcación y los destructores que la acompañaban ya no se encontraban bajo el área de operaciones del Comando Sur y se dirigían hacia Oriente Medio ante el aumento de tensiones entre Washington e Irán. El Ford reforzará la presencia estadounidense junto al portaaviones USS Abraham Lincoln.

Paralelamente, fuerzas estadounidenses han reportado la incautación de petroleros vinculados con Venezuela como parte de una estrategia más amplia para presionar al país sudamericano y tomar control de activos energéticos. En el Congreso, legisladores republicanos han bloqueado iniciativas demócratas que buscaban limitar la capacidad del Ejecutivo para ampliar los ataques en territorio venezolano.

La situación mantiene abierto un debate internacional sobre soberanía, uso de la fuerza y el alcance de la lucha antidrogas en la región.