La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) al incluir disposiciones para el bloqueo de plataformas digitales. Aprobada en “fast track” por la mayoría de Morena en el Senado, la reforma facultaría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a ordenar bloqueos de servicios de Internet y telefonía sin requerir órdenes judiciales, lo que para R3D representa una amenaza directa a la libertad de expresión.

Según la R3D, otorgar a la nueva agencia el poder de suspender de manera unilateral las plataformas digitales equivale a una forma de censura previa, prohibida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este bloqueo masivo, denuncian, se asemeja al cierre total de una estación de radio o televisión, y podría aplicarse “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones” sin mayor claridad ni control judicial.

Además de la capacidad de bloquear Internet, la reforma concentra en la Agencia de Transformación Digital —a cargo de José Antonio Peña Merino, hombre de confianza de Sheinbaum— nuevas atribuciones, como la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil. Para R3D, esta concentración de poder y la falta de salvaguardas ponen en riesgo la privacidad y los derechos digitales de la población.

La organización también alertó que la iniciativa autoriza a las instancias de seguridad federal a adquirir tecnologías para interrumpir señales de telefonía e Internet “en cumplimiento de sus atribuciones”. Sin definir con precisión los supuestos en que podrían emplearse estos equipos, la reforma abre la puerta al abuso de herramientas de bloqueo y vigilancia, en un contexto donde ya han sido documentados usos indebidos de sistemas de espionaje digital como Pegasus.

Frente a estos riesgos, la R3D hace un llamado urgente a revisar la reforma y a garantizar que cualquier medida de regulación de plataformas digitales cuente con controles judiciales efectivos. Solo así se podrá proteger la libertad de expresión en Internet y evitar que el bloqueo arbitrario se convierta en un instrumento de censura y vulneración de los derechos digitales.