Un total de 17 familiares del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre ellos su exesposa Griselda López Pérez—madre de Ovidio Guzmán—, se presentaron de manera voluntaria ante agentes del FBI y del U.S. Marshals Service tras cruzar a pie la frontera entre Tijuana y San Diego por la garita de San Ysidro el pasado viernes 9 de mayo. Según reportes locales, el grupo portaba cerca de 70 000 dólares y al menos dos maletas cada uno al momento del cruce.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas mantienen silencio oficial sobre el caso. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su contraparte estadounidense detallar las razones de esta sorpresiva entrega y confirmar si existen órdenes de detención contra los parientes de “El Chapo”. En paralelo, se recuerda que en septiembre de 2023 fue extraditado Ovidio Guzmán y, en julio de 2024, su hermano Joaquín Guzmán López, ambos en negociaciones de acuerdos de culpabilidad por tráfico de drogas.

La participación de Griselda López Pérez, señalada en medios por su presunta implicación en operaciones de trasiego y evasión de la justicia, añade un nuevo capítulo al seguimiento de la estructura del Cartel de Sinaloa. El gesto de entrega voluntaria, coordinado al parecer con el FBI, sugiere que las autoridades de Estados Unidos podrían buscar ampliar sus líneas de investigación y estrechar la cooperación con la Fiscalía General de la República.

Este movimiento se enmarca en un contexto de cambios dentro de la cúpula de la organización criminal: las sucesivas extradiciones y las negociaciones de los “Chapitos” han tensionado las relaciones internas y la dinámica de poder en Sinaloa. Además, recientes reportes señalan que Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos del capo, escapó en febrero de un operativo en Culiacán gracias a un túnel, subrayando la sofisticación de la red familiar.

La entrega de estos 17 familiares a Estados Unidos no solo podría aportar nueva evidencia sobre las finanzas y operaciones del Cartel de Sinaloa, sino también acelerar procesos judiciales pendientes en tribunales de Chicago, Nueva York y otras jurisdicciones. Conforme se esclarezcan los términos de su cooperación, las autoridades mexicanas y estadounidenses tienen la oportunidad de reforzar su alianza contra el crimen organizado.