La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación sobre una controvertida práctica de la Administración de Control de Drogas (DEA) que permitió que grandes cargamentos de fentanilo continuaran circulando mientras las autoridades desarrollaban investigaciones contra organizaciones criminales. El caso coloca bajo escrutinio a la propia agencia encargada de combatir el narcotráfico.

El Comité de Supervisión de la Cámara, encabezado por el republicano James Comer, solicitó al Departamento de Justicia documentos y comunicaciones relacionados con esta estrategia, aplicada en Nuevo México entre 2023 y 2025. La investigación busca determinar cómo se tomaron las decisiones y si se incumplieron protocolos destinados a reducir el riesgo que representa el fentanilo para la población.

Cargamentos vigilados, pero no decomisados

La práctica consistía en permitir que determinados cargamentos siguieran avanzando para obtener información que ayudara a construir casos de mayor alcance contra las redes de distribución. De acuerdo con la información citada por el Congreso y una investigación de The Associated Press, agentes de la DEA llegaron a vigilar envíos de hasta 100 mil pastillas sin proceder a su incautación.

Informantes en Nuevo México aseguraron que recibieron instrucciones para no interceptar determinados cargamentos. Paralelamente, el fiscal general de ese estado, Raúl Torrez, presentó una demanda para obtener documentación relacionada con estas operaciones.

El propio Comité de Supervisión sostiene que cientos de miles de pastillas pudieron llegar a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025. El organismo también señaló un aumento de las muertes por intoxicación con fentanilo en ese estado durante el periodo analizado.

La dimensión del problema contrasta con el mayor decomiso de fentanilo reportado por la DEA en 2025, cuando la agencia aseguró 3 millones de pastillas. Según la investigación periodística, algunos cargamentos que no fueron interceptados habrían sido incluso mayores.

El Departamento de Justicia revisará la estrategia

El caso no se limitará a Nuevo México. El inspector general del Departamento de Justicia anunció una revisión nacional para determinar si prácticas similares fueron utilizadas en otros estados.

La DEA, por su parte, ha defendido la complejidad de las investigaciones de narcotráfico y la necesidad, en determinados casos, de seguir los movimientos de las organizaciones criminales para identificar a sus integrantes y estructuras. Su administrador, Terry Cole, afirmó que la agencia continuará concentrada en combatir a los cárteles y expresó disposición ante la revisión interna.

La investigación legislativa abre así una discusión sobre uno de los puntos más sensibles de la crisis de fentanilo en Estados Unidos: hasta dónde puede llegar una estrategia de inteligencia y seguimiento de las organizaciones criminales cuando existe el riesgo de que la droga termine llegando a las comunidades.

Más allá de las acusaciones políticas entre administraciones, el Congreso deberá establecer qué ocurrió, quién autorizó las decisiones, bajo qué protocolos se actuó y cuáles fueron sus consecuencias. Por ahora, se trata de una investigación en curso y las responsabilidades deberán determinarse a partir de la documentación que solicite el Legislativo.