La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a tres agentes aduanales como actores fundamentales en una presunta red de tráfico ilegal de hidrocarburos en la que también se investiga la posible participación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de acuerdo con la causa penal del caso.

Según la investigación ministerial, los agentes aduanales habrían realizado los trámites necesarios para que mercancía no declarada o reportada con una descripción distinta ingresara al territorio nacional sin ser detectada por las autoridades. La FGR sostiene que su participación fue determinante para el funcionamiento del esquema investigado.

Entre los señalados se encuentra Víctor José Carretero Zardeneta, quien, de acuerdo con la indagatoria, intervino en operaciones de importación realizadas por la empresa Servicios Aduanales JR relacionadas con dos carrotanques.

En uno de los casos, correspondiente a la unidad identificada como TAEX2710, se declaró el ingreso de 652 mil 250 litros de cloruro de calcio. Sin embargo, dictámenes periciales en ingeniería mecánica, eléctrica y química concluyeron que el contenido real era de 111 mil 391 litros de diésel automotriz.

La investigación también menciona el carrotanque UTLX205538, cuya documentación reportó la importación de 796 mil 241 litros de cloruro de calcio. No obstante, los análisis periciales determinaron que transportaba 114 mil 242 litros de gasolina regular.

La causa penal refiere además que el actuar de Carretero Zardeneta habría sido recurrente en expedientes relacionados con hechos de características similares, por lo que la Fiscalía incorporó esos antecedentes dentro de la investigación.

Otro de los implicados es Juan Hermilo Chávez Rodríguez, quien, como mandatario de la empresa Ingemar, habría participado en los trámites de importación de 161 carrotanques en los que, presuntamente, ingresó al país mercancía en cantidades superiores a las declaradas en los pedimentos.

Asimismo, la carpeta de investigación menciona a Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente autorizado de Chávez Rodríguez, quien habría intervenido en diversas operaciones de importación y en procedimientos administrativos relacionados con cinco unidades ferroviarias bajo investigación.

La FGR sostiene que la utilización de firmas electrónicas en los pedimentos de importación permitió validar información que presuntamente no correspondía con la mercancía transportada. De acuerdo con la autoridad, los agentes aduanales son responsables de la veracidad de los datos presentados, la clasificación arancelaria de los productos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior.

Las investigaciones también señalan que, una vez ingresados los petrolíferos de manera irregular, estos habrían sido distribuidos a diversas empresas registradas como destinatarias finales en documentos de transporte y comercio exterior. La Fiscalía considera que dichas operaciones formaban parte de un esquema destinado a aparentar la legalidad en la comercialización y distribución de los combustibles.

Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes dentro de este presunto caso de contrabando y tráfico ilegal de hidrocarburos.