La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en una bodega ubicada en la Ciudad de México que presuntamente era arrendada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna, quien enfrenta un proceso relacionado con el llamado huachicol fiscal. Durante el operativo fueron asegurados objetos de lujo, armas sin registro y documentación vinculada con la estructura de la Secretaría de Marina y las aduanas marítimas.

Entre los materiales localizados se encuentran listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, además de información clasificada como reservada y confidencial por motivos de seguridad nacional.

En un videomensaje, la fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que las investigaciones sobre la red relacionada con el buque localizado en 2025 en Puerto Altamira, Tamaulipas, con alrededor de 10 millones de litros de diésel, apuntan a una estructura con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.

Una red que alcanzaba las aduanas

De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR y que actualmente son valorados por el Poder Judicial, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados en la investigación como Los Primos, habrían intervenido junto con otros implicados en designaciones, ascensos y movimientos de personal relacionados con aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.

La fiscalía sostiene que los cargamentos procedentes principalmente de Texas eran declarados bajo conceptos distintos al hidrocarburo para modificar su tratamiento fiscal. Posteriormente, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos habrían facilitado el ingreso mediante revisiones deficientes, alteración de volúmenes y otras maniobras.

La investigación también señala que, en determinados arribos, se habrían desactivado cámaras para impedir el registro de las descargas. Una vez introducido al país, el combustible era distribuido a través de empresas constituidas legalmente, mientras otras compañías y operaciones financieras presuntamente servían para ocultar el origen de los recursos.

Según la FGR, la estructura tenía presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, con evidencia que vincula a Manuel y Roberto Farías con distintas etapas de la operación.

La dependencia enfatizó que las conductas investigadas corresponden a responsabilidades individuales y no representan a toda la institución naval. El secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, mantiene seguimiento de las investigaciones.

El mensaje de la Fiscalía es contundente: el uso de un cargo público, un uniforme o una posición dentro de una aduana para favorecer actividades ilícitas deberá ser respondido ante la justicia.