Una investigación periodística difundida por Puente News Collaborative y Los Angeles Times señala que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones criminales contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado.

De acuerdo con el trabajo realizado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, Alfonso Durazo sería uno de los funcionarios mexicanos de mayor perfil que actualmente se encuentran bajo escrutinio de autoridades estadounidenses. El reporte sostiene que la visa del mandatario sonorense habría sido cancelada durante el año pasado y que la investigación estaría relacionada con supuestos nexos con organizaciones criminales.

La publicación recuerda que Durazo se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según fuentes citadas por los reporteros, aunque el gobernador habría enfrentado restricciones migratorias, continúa ingresando a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un mecanismo especial denominado “Significant Public Benefit parole”. Este programa permite el ingreso temporal de personas no ciudadanas cuando su presencia representa un beneficio relevante para investigaciones o procesos vinculados con la seguridad pública.

El reportaje indica además que la oficina del gobernador de Sonora no respondió a las solicitudes de comentario realizadas por los periodistas sobre este tema.

Investigación vinculada al huachicol en Tamaulipas

Respecto al gobernador tamaulipeco, las fuentes consultadas por los autores del reportaje señalaron que la investigación estaría relacionada con actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, conocido popularmente como huachicol.

La publicación asegura que Villarreal también contaría con un permiso de ingreso bajo la figura de “Significant Public Benefit parole” y que durante algunos de sus cruces a territorio estadounidense habría sido acompañado por autoridades de ese país.

Ante estos señalamientos, el gobernador de Tamaulipas rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró a los periodistas que las versiones difundidas carecen de sustento.

Contexto de las investigaciones

El reportaje también menciona el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien previamente fue relacionado con una investigación en Estados Unidos. Los autores explican que un gran jurado puede ser utilizado por fiscales para evaluar evidencias y determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos formales.

Asimismo, señalan que el periodista mexicano Luis Chaparro había informado previamente sobre la presunta cancelación de la visa de Alfonso Durazo y su acceso al programa especial de ingreso temporal.

Reacción del gobierno mexicano

La investigación refiere que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado versiones previas relacionadas con investigaciones contra funcionarios mexicanos, al considerar que forman parte de campañas con motivaciones políticas.

De acuerdo con el reporte, durante una reunión sostenida en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin, se abordó el tema de presuntas investigaciones contra gobernadores mexicanos. Según la publicación, la mandataria mexicana sostuvo que cualquier proceso relacionado con funcionarios electos debe resolverse conforme a las instituciones y leyes mexicanas, además de advertir sobre posibles implicaciones diplomáticas si se interpretan estas acciones como una intervención en asuntos internos del país.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos documentos judiciales que confirmen formalmente los señalamientos mencionados en el reportaje, mientras que los gobernadores involucrados han negado cualquier conducta ilícita.