El gobierno federal de México intensifica sus esfuerzos para evitar el impuesto a remesas que se debate en el Congreso de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada en Washington, se presentarán argumentos sobre la inconstitucionalidad de la reforma que pretende gravar las remesas de los migrantes mexicanos.

La presidenta Sheinbaum advirtió que, de ser necesario, “nos vamos a movilizar, porque es muy injusto”. Para ello, giró instrucciones al secretario de Hacienda de sostener un diálogo directo con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y garantizar así la protección de las familias mexicanas que reciben remesas sin enfrentar una doble tributación.

Aunque la iniciativa ya logró el visto bueno en una comisión legislativa, aún falta su aprobación en otra instancia y en el pleno del Congreso estadunidense. El gravamen no solo afectaría a México, sino también a otras naciones de América Latina e India, principal receptor global de remesas desde Estados Unidos.

Paralelamente, el Congreso mexicano envió una carta al líder de la Cámara de Representantes, James Michel Johnson, para solicitar una reunión urgente. La misiva, firmada por legisladores de Morena y el PAN en la Comisión Permanente, exige que se escuchen los argumentos contra el impuesto a remesas y se evite la creación de un mercado alterno e inseguro para el envío de dinero de los migrantes.

El coordinador panista Ricardo Anaya propuso además una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos para revisar no solo el tema de remesas, sino otros puntos del T-MEC y de seguridad. En esta cruzada, todas las fuerzas políticas mexicanas coinciden en la defensa de las remesas como un derecho humano fundamental de los migrantes y sus familias.