Desde diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró la “guerra contra el huachicol”, los robo de combustible y el contrabando de gasolina no han dejado de expandirse bajo el amparo de las bandas del crimen organizado.

Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que, en los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se detectaron 28,835 tomas clandestinas en ductos de gasolina, diésel y gas LP; durante el mismo lapso del sexenio de López Obrador, la cifra ascendió a 62,441 perforaciones ilegales, un aumento de 117% en el huachicoleo.

Este crecimiento desmedido no solo golpea la economía y la seguridad energética de México, sino que alimenta a los cárteles con flujos multimillonarios. Versiones periodísticas han vinculado a personajes cercanos a Morena —entre ellos Sergio Carmona (fallecido en 2021), Américo Villarreal (hoy gobernador de Tamaulipas), Ricardo Peralta y Horacio Duarte— con el contrabando de gasolina desde Estados Unidos, mediante empresas fantasma y facturas falsas. Aunque varios han negado cualquier implicación, la sospecha de complicidad política persiste.

Con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, el fenómeno no ha disminuido. A finales de marzo, en Altamira, Tamaulipas, fuerzas del Gabinete de Seguridad incautaron 10 millones de litros de diésel a bordo del megabuque Challenge Procyon, procedente de Texas y declarado falsamente como aditivo para aceites vegetales. Tras la inspección, quedó claro que se trataba de hidrocarburo ilegal destinado a financiar actividades ilícitas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres narcotraficantes mexicanos y dos empresas acusados de tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo. Estas medidas, que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones comerciales, buscan desarticular las fuentes de financiamiento de los cárteles y frenar el huachicol transnacional.

Frente a este escenario, es urgente que el gobierno federal y Pemex fortalezcan la seguridad en ductos, optimicen los sistemas de monitoreo y garanticen la trazabilidad de la distribución de combustible. Asimismo, la Fiscalía General de la República debe avanzar con celeridad en las carpetas de investigación abiertas desde 2019 y sancionar a todos los implicados, sin importar su afiliación política.