La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza el 22 de agosto de 2025, tras los análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), que alertó de que más de medio millón de personas se encuentran ya en condiciones “catastróficas” de seguridad alimentaria.

António Guterres, secretario general de la ONU, calificó la situación como “un desastre provocado por el hombre” y la describió como una “crítica moral” que representa “un fracaso de la humanidad”, al tiempo que urgió a permitir el paso sin trabas de la ayuda humanitaria. Estas declaraciones subrayan la gravedad política y ética del colapso de los sistemas de suministro y atención en el enclave.

El informe del IPC señala además que la hambruna detectada en Gaza City podría ampliarse a otras zonas del sur de la franja —entre ellas Deir al Balah y Jan Yunis— antes de que termine septiembre, lo que aumentaría la cifra de personas en riesgo extremo y complicaría aún más las operaciones humanitarias. La franja de Gaza, con alrededor de dos millones de habitantes en apenas 365 kilómetros cuadrados, sufre un hacinamiento y una destrucción de infraestructuras que agravan la crisis.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que usar la escasez de alimentos con fines militares puede constituir un crimen de guerra, y destacó las consecuencias legales de privar deliberadamente a la población de medios de subsistencia básicos. Estas advertencias intensifican las llamadas a investigar posibles responsabilidades en el marco del derecho internacional humanitario.

La reacción internacional ha sido rápida y polarizada: varios organismos humanitarios y gobiernos exigieron un aumento inmediato y sin condiciones del ingreso de ayuda; por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la evaluación de la ONU y afirmó que Israel no tiene una “política de hambruna”, mientras que fuentes y notas oficiales del país defendieron la entrega de asistencia bajo condiciones de seguridad, al tiempo que se reportaron declaraciones militares duras en contra de facciones armadas en Gaza.

En el terreno, la violencia y la penuria dejan cifras humanas dramáticas: reportes oficiales citados por agencias internacionales sitúan en decenas de miles las víctimas fatales desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, y diariamente se registran nuevas muertes y desplazamientos que complican la distribución segura de alimentos y medicinas. Al mismo tiempo, la crisis de los rehenes mantiene la tensión regional: en declaraciones recientes el presidente de EE. UU. —y antiguo mandatario— afirmó que quedarían menos de veinte rehenes vivos en Gaza, comentario que fue confrontado por grupos de familias de secuestrados que reclaman cifras y transparencia.

La confirmación de hambruna por parte del IPC y las organizaciones internacionales plantea demandas concretas: desbloquear corredores humanitarios, garantizar el acceso continuo y seguro de alimentos y combustible, proteger a la población civil y avanzar en mecanismos de investigación internacional para determinar responsabilidades. Las ONG advierten que, si no se actúa con rapidez y sin condiciones políticas, las consecuencias para la infancia y la salud pública serán irreversibles en muchas comunidades del enclave.