En una sesión poco común, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en que este órgano no cuenta con atribuciones para cancelar ninguna de las candidaturas de la elección judicial. La reforma constitucional y la ley electoral establecieron que la revisión de expedientes de aspirantes recae en los tres comités designados por cada poder de la Unión, y no en el INE, por lo que cualquier solicitud de cancelación queda fuera de su competencia.

Durante su mesa semanal, la consejera Norma de la Cruz explicó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recibirá diversos oficios con solicitudes para sacar del juego a algunos aspirantes, pero reiteró que “no podemos cancelar registros de candidaturas” porque el Instituto no intervino en su inscripción. Subrayó que los documentos se responderán formalmente en la sesión del consejo general del próximo jueves.

Entre los señalados por el Senado de la República, solo 26 casos de presuntas candidaturas irregulares se discuten frente a un total de 3 414 aspirantes que aparecen en las boletas. De la Cruz señaló que el Senado actuó como puente entre los comités de los Poderes y el INE, pero aclaró que “no es lo mismo que nos digan: ‘INE, estos ya no juegan’ a ‘INE sácalos del juego’”.

Para reforzar la transparencia, el INE mantendrá abierto hasta el 15 de junio un buzón digital en su micrositio oficial, donde la ciudadanía y las organizaciones civiles podrán enviar documentación que presuma el incumplimiento de requisitos constitucionales y electorales, como la “8 de 8 contra la violencia”, ser deudor de pensión alimenticia o estar prófugo de la justicia. Esta fase de revisión, explicó la consejera, se llevará a cabo después del día de la elección y tras los cómputos de votos.

El decreto de reforma establece que en un segundo momento procesal el INE debe verificar la elegibilidad de las candidaturas y garantizar la paridad de género. “Revisaremos antes de expedir las constancias de mayoría y de posibles renuncias”, indicó De la Cruz, recordando que las boletas ya fueron impresas y se distribuyen a los distritos electorales.

De esta manera, el INE confirma que, en la etapa actual, no tiene facultades para cancelar candidaturas; su rol se centrará en validar requisitos y criterios de elegibilidad tras conocer los resultados electorales, asegurando la integridad del proceso y el respeto a la reforma constitucional.