En 2024, Japón registró por primera vez en su historia menos de 700,000 nacimientos, marcando un nuevo mínimo en la crisis de natalidad que se acentúa desde hace casi una década. El informe oficial revela que la tasa de fertilidad total descendió a 1.15 hijos por mujer, tomando distancia de la ya baja cifra de 1.20 observada en 2023. Con una población cercana a los 124 millones de habitantes, esta caída pone en evidencia el grave desafío demográfico que enfrenta el país asiático.

Aunque la cifra de matrimonios —otro indicador estrechamente vinculado a la tasa de natalidad— aumentó por primera vez en dos años hasta 485,063 uniones, el número de nacimientos continúa en declive.

Durante la década de los 70, Japón superaba los dos millones de alumbramientos anuales, pero desde entonces vio caer esa cifra por debajo del millón en 2016 y rondando los 800,000 en 2022. Para algunos especialistas del Instituto para Estudios de Política Internacional (IEPI), esta situación se conoce como el “Problema 2025”: la combinación del envejecimiento acelerado de los baby boomers y la baja natalidad desencadenará un efecto dominó en la economía y en los sistemas de seguridad social y atención a personas mayores.

Las familias japonesas han identificado desde hace tiempo las barreras que limitan el crecimiento de la natalidad. Una encuesta de 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estudios de Población reveló que el costo de la educación infantil es el argumento principal para no tener más de un hijo, señalado por ocho de cada diez parejas. En segundo lugar, la falta de espacio habitacional se perfila como un obstáculo: a mayor número de hijos, más metros cuadrados son necesarios para el hogar.

Para hacer frente al problema de la vivienda, el Gobierno de Japón busca promover el aprovechamiento de los nueve millones de pisos vacíos que existen en el país —casi el 10 % de ellos ubicados en Tokio— y estudia una reforma al régimen de alquiler con el objetivo de facilitar el traslado de las familias a inmuebles más amplios. Junto a esto, se implementan ayudas económicas y cambios en la estructura laboral para aliviar la carga económica y de tiempo que implica la crianza.

Seis de cada diez encuestados por el Gobierno consideran que la conciliación entre vida laboral y familiar resulta “enormemente difícil”, debido a las largas jornadas de trabajo que caracterizan al mercado laboral japonés. Consciente de esta realidad, el Ejecutivo puso en marcha incentivos como una subsidio mensual de 200 euros por niño hasta los 18 años, además de permitir que los padres soliciten servicios de guardería para menores de tres años incluso si no cuentan con empleo formal.

En paralelo, se anunció una serie de reformas laborales para transformar el entorno de trabajo: las empresas deberán ofrecer a los empleados con hijos de tres años o más al menos dos opciones de estilo de trabajo —como teletrabajo, jornada reducida o horario escalonado—, mientras que quienes tengan niños menores de tres años podrán laborar desde casa. Estas medidas buscan aliviar la carga de las familias, mejorar la conciliación y, en última instancia, incentivar a los hogares a tener más hijos.

A pesar de estos esfuerzos, la crisis demográfica en Japón continúa profundizándose. Con la población cada vez más envejecida y menos nacimientos anuales, las autoridades deberán seguir afinando sus políticas de natalidad, aumentar las ayudas a las familias y garantizar condiciones laborales más flexibles. Solo así se podría contener el retroceso en los nacimientos y frenar la caída de la tasa de fertilidad, evitando repercusiones negativas en la economía, la seguridad social y los programas de atención a la población mayor.