Durante 45 días consecutivos —desde el 6 de junio—, Los Ángeles y la mayoría de los condados del sur de California vivieron un auténtico “estado de sitio”: agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) desplegaron redadas ininterrumpidas en los barrios latinos del valle de San Fernando, sembrando alarma y desconfianza entre la comunidad.

Detenciones basadas en el perfil racial

Más de 471 operativos, documentados por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), concentraron sus acciones en zonas de alta población hispana:

• Panorama City (42 % de población hispana) registró 21 incursiones, con agentes en atuendo táctico pero sin uniforme oficial.

• Pico Rivera, donde 9 de cada 10 habitantes son latinos, sufrió al menos 18 redadas.

• Ciudad de Los Ángeles reportó 15 operativos en un territorio donde 65 % de la población es latina.

  
  

Mujeres embarazadas, trabajadores de la construcción, jardineros y cocineros —incluso personas con residencia legal o ciudadanía— fueron detenidos sin orden judicial, simplemente por el color de piel o el idioma. Este patrón de vigilancia étnica fue declarado inconstitucional por un tribunal federal el 11 de julio mediante dos Órdenes de Restricción Temporales (TRO), firmadas por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong.

Freno judicial y garantías mínimas

Las TRO prohíben a ICE:

1. Realizar detenciones sin “sospecha razonable” o basadas en raza, etnia, acento o presencia en lugares específicos.

2. Negar el acceso a un abogado durante toda la semana, incluidos fines de semana y días festivos.

   
   

Paralelamente, el 30 de julio se autorizó a Los Ángeles y otras ciudades a sumarse como co-demandantes en el caso B-18, reforzando el argumento contra el perfilamiento racial en operativos migratorios.

El mismo 11 de julio comenzó a disminuir el terror en calles, tiendas y escuelas, y a fin de mes el Pentágono ordenó sacar mil de los 1,250 efectivos de la Guardia Nacional que resguardaban a ICE; hoy solo 250 permanecen en funciones de protección de instalaciones federales.