El Gobierno de México ha puesto en marcha un proceso inédito para analizar la posible explotación de gas no convencional mediante fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardopresentó un panel de expertos conformado por académicos de primer nivel y respaldado por las principales instituciones públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional.

El objetivo central de este grupo interdisciplinario es evaluar, desde el rigor científico, la factibilidad de utilizar nuevas tecnologías de fracking que prometen un menor impacto ambiental, incluyendo el uso de componentes biodegradables. Esta iniciativa surge en un contexto donde México depende en gran medida del gas proveniente de Estados Unidos, que representa aproximadamente el 75 por ciento del consumo nacional.

Durante la presentación, la mandataria subrayó que no existe una decisión tomada respecto al uso de esta técnica. Afirmó que cualquier determinación estará basada en evidencia científica y no en criterios políticos, y adelantó que en un plazo aproximado de dos meses podría haber una primera orientación derivada del análisis de los especialistas.

Sheinbaum también enfatizó que el debate no ignorará los impactos negativos asociados históricamente al fracking. Por el contrario, destacó que dentro del grupo hay voces críticas que garantizarán un análisis equilibrado. Además, aseguró que las comunidades potencialmente afectadas serán consideradas en el proceso, mediante mecanismos de consulta que permitan una decisión colectiva.

En caso de que el proyecto avance, una de las zonas contempladas para iniciar exploraciones sería Coahuila, debido a la incertidumbre sobre la extracción de gas en regiones fronterizas. Sin embargo, la presidenta insistió en que cualquier paso se dará con responsabilidad, información y consenso social.

Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó que este grupo busca aportar certidumbre al proceso mediante conocimiento especializado. Reiteró que el compromiso del gobierno es alcanzar la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos ni el equilibrio ambiental.

Además de las instituciones ya mencionadas, participan organismos como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras casas de estudio, consolidando un esfuerzo académico sin precedentes en la toma de decisiones estratégicas del país.

El gobierno federal plantea así una ruta basada en ciencia, diálogo social y evaluación técnica, en un tema históricamente polémico pero clave para el futuro energético de México.