México demandó una respuesta firme, coherente y sin dobles estándares por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante los recientes acontecimientos en Venezuela. La postura fue expuesta durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada a solicitud de Colombia, en la que también participaron Brasil, Colombia y países del Movimiento de Países No Alineados.

Durante el debate, las delegaciones coincidieron en condenar el ataque militar de Estados Unidos contra territorio venezolano, al advertir que este tipo de acciones unilaterales vulneran principios fundamentales de la Carta de la ONU y representan un riesgo para la estabilidad regional e internacional. No obstante, la sesión concluyó sin resolutivo alguno, evidenciando los límites del Consejo de Seguridad frente al poder de veto de sus miembros permanentes.

El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmó que el gobierno mexicano ya había expresado su condena a la agresión militar ocurrida el 3 de enero en Venezuela, al considerar que se trató de una violación directa al artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas. Advirtió que permitir este tipo de conductas supone un golpe severo al multilateralismo y a la legalidad internacional.

Vasconcelos subrayó que las consecuencias de estas acciones son impredecibles para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe, y recordó que el Consejo de Seguridad tiene la obligación de actuar con determinación ante violaciones graves a la Carta. Sin embargo, la estructura del órgano, que concede poder de veto a cinco países, impidió cualquier medida concreta.

A pesar de la falta de acuerdos, la sesión obligó a la delegación de Estados Unidos a escuchar una condena amplia por parte de países como México, Brasil, Colombia, Cuba, China y Rusia. El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó los hechos como un ataque armado ilegítimo y aseguró que, pese a ello, las instituciones venezolanas continúan operando y el orden constitucional se mantiene.

Moncada sostuvo que lo que está en juego no es sólo la soberanía de Venezuela, sino la credibilidad del derecho internacional y de la propia ONU. Solicitó que el organismo exija el respeto a las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación y retorno seguro al país sudamericano.

Por su parte, el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, negó que su país esté en guerra con Venezuela y describió la acción militar como una operación de aplicación de la ley. Sin embargo, reiteró que Washington no permitirá que las mayores reservas energéticas del mundo permanezcan bajo control de lo que considera adversarios estratégicos.

En un informe presentado al Consejo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por la inestabilidad generada y por el precedente que sientan este tipo de acciones en las relaciones entre Estados. Aun así, la ausencia de medidas concretas refuerza la percepción de parálisis del organismo ante conflictos donde intervienen potencias globales.

La sesión dejó en claro que, aunque la ONU sigue siendo el principal foro multilateral donde los Estados pueden expresar sus posiciones, enfrenta serias limitaciones para responder de manera efectiva a crisis que ponen a prueba sus principios fundacionales.