Este lunes tomaron posesión los servidores públicos electos en el proceso judicial celebrado el 1 de junio, que dio lugar a la llegada de ministros de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y a numerosos jueces distritales y estatales. El cambio, calificado por el Ejecutivo como el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia, coincide con advertencias de organizaciones y especialistas sobre la baja participación ciudadana y posibles riesgos para la independencia judicial.

La elección fue una experiencia inusual en el país: la autoridad electoral reportó una participación estimada cercana al 13% del electorado, un dato que para analistas pone en cuestión la legitimidad del mandato popular como mecanismo para renovar a los juzgadores. Paralelamente, hubo señalamientos públicos sobre irregularidades en el proceso, incluidas tácticas y materiales de campaña que, según críticos, favorecieron a candidaturas afines al oficialismo.

En su mensaje público, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la instauración de los jueces electos y describió el arranque como el fin de una etapa “muy cuestionada por la corrupción, por la defensa de privilegios, [y] por el nepotismo”, al presentar la toma de posesión como el comienzo de una nueva era en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, voces nacionales e internacionales han pedido vigilancia para que la independencia de los tribunales no se vea comprometida por el influjo político.

Otro de los focos de debate es la integración y presidencia de la Suprema Corte: Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco, asumirá la presidencia del máximo tribunal en el contexto de una corte cuyo relevo ha generado expectativas y escepticismo a la vez. Observadores subrayan que la composición del tribunal será observada de cerca por la sociedad civil y por organismos internacionales para ver si los nuevos integrantes mantienen autonomía frente al Poder Ejecutivo.

Organizaciones que monitorearon los comicios advirtieron sobre riesgos concretos en la selección de candidaturas. La oenegé Defensorxs reportó la existencia de al menos 25 aspirantes considerados “altamente riesgosos” por antecedentes o señalamientos graves, y afirmó que varios de ellos resultaron elegidos en distintos cargos. Entre los casos que encendieron alertas figura la elección de Silvia Delgado, abogada que llegó a representar a Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien obtuvo un cargo judicial en Chihuahua, situación que reabrió debates sobre filtraciones de perfiles problemáticos hacia tribunales locales.

Las críticas van más allá de nombres puntuales: organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas judiciales han señalado que la reforma y el diseño electoral pueden facilitar la “captura” del Poder Judicial por intereses políticos o incluso por redes delictivas, en un país donde la impunidad y la infiltración en instituciones siguen siendo retos persistentes. Estas voces exigen mecanismos de transparencia, filtros de idoneidad sólidos y vigilancia ciudadana constante.

El calendario legislativo contempla una segunda etapa del proceso electoral en 2027 para renovar algunos puestos restantes de la Suprema Corte y de juzgadores locales en varias entidades. Aunado a ello, ahora comienza la prueba de fondo: los nuevos jueces y magistrados deberán demostrar, con sentencias y prácticas, que su actuación respeta la ley y la independencia judicial, y así recuperar la confianza pública en el sistema de justicia.