Los gobiernos de México y Perú anunciaron este viernes el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, luego de que la administración de la presidenta Keiko Fujimori autorizó el salvoconducto para Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien recibió asilo diplomático por parte del gobierno mexicano.

La decisión pone fin a la suspensión de relaciones a nivel diplomático que permanecía vigente desde noviembre de 2025, cuando el otorgamiento del asilo a Chávez provocó una nueva crisis entre ambos países.

En un comunicado, el gobierno de México confirmó la reanudación de los vínculos diplomáticos y destacó los históricos lazos de amistad, cooperación y hermandad que unen a ambas naciones. Asimismo, señaló que ambos gobiernos reiteraron su compromiso con el respeto al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Salvoconducto destraba el conflicto diplomático

La administración peruana explicó que la entrega del salvoconducto responde a las disposiciones de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, instrumento internacional que establece la obligación de facilitar la salida del país de una persona que ha recibido asilo diplomático.

Desde noviembre de 2025, Betssy Chávez permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima mientras esperaba una resolución de las autoridades peruanas. La autorización fue finalmente concedida por el gobierno encabezado por Keiko Fujimori, después de que administraciones interinas anteriores no emitieran una decisión al respecto.

El origen de la ruptura entre ambos países

La crisis diplomática se profundizó cuando el gobierno mexicano concedió asilo a Chávez, quien enfrentaba un proceso judicial por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en Perú en 2022, encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo.

Posteriormente, Chávez fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión, la misma sanción impuesta a Castillo por esos hechos.

Sin embargo, el distanciamiento entre ambas naciones había comenzado desde diciembre de 2022, cuando el gobierno peruano expulsó al embajador mexicano y retiró a su representante en México, tras las diferencias surgidas por la postura del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó el encarcelamiento de Pedro Castillo y no reconoció a Dina Boluarte como sucesora legítima en la presidencia peruana.

Perú mantiene su postura sobre el caso

Aunque autorizó el salvoconducto, la Cancillería peruana aclaró que esta decisión no implica reconocer que Betssy Chávez sea víctima de persecución política.

El gobierno peruano reiteró que la exfuncionaria fue sentenciada por delitos relacionados con la conspiración contra el orden constitucional y precisó que también continúa siendo investigada por otras autoridades judiciales del país.

Con este acuerdo, México y Perú normalizan oficialmente sus relaciones diplomáticas, al tiempo que mantienen diferencias sobre la interpretación jurídica y política del caso de Betssy Chávez.