La relación económica entre México y Estados Unidos entra en una nueva fase marcada por los minerales críticos. En el centro del debate está un plan de acción bilateral promovido por el gobierno de Donald Trump, cuyo objetivo es asegurar el suministro de insumos clave para la industria estadounidense y reducir su dependencia de China. Sin embargo, el alcance real del acuerdo y sus consecuencias para México siguen siendo inciertos.

Estados Unidos ya opera con una lista de 60 minerales estratégicos, elaborada a petición de la administración Trump por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se trata de materiales cuya escasez tendría altos costos económicos y que son esenciales para tecnologías como teléfonos inteligentes, almacenamiento digital y sistemas de defensa avanzada. En esa lista figuran varios minerales que México produce de manera relevante, como aluminio, cobre, plata y zinc, además de otros de menor volumen pero alto valor estratégico.

Un sector clave para la economía mexicana

La minería y la metalurgia mantienen un peso significativo en la economía nacional. En 2024, el sector movilizó 238 mil 482 millones de pesos, con actividades que impactan tanto al mercado interno como a las exportaciones. El aluminio, por ejemplo, representa entre 3% y 3.5% del PIB, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El cobre, por su parte, generó exportaciones por 4 mil 925 millones de dólares, aunque una parte sustancial de ese flujo tuvo como destino China.

Otros minerales producidos en México y considerados estratégicos por Washington incluyen la plata, el plomo, el zinc, la fluorita, el manganeso y el carbón metalúrgico, según datos de la Secretaría de Economía. A ellos se suman insumos menos visibles, como el antimonio o la barita, que cobran relevancia en cadenas industriales especializadas.

Litio y uranio: el interés que no despega

Entre los minerales que más interés generan para Estados Unidos destacan el litio y el uranio. El litio, esencial para baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, fue nacionalizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó a la creación de la empresa estatal Litio para México. No obstante, el proyecto no ha despegado: la empresa cuenta con una estructura mínima y, hasta ahora, sin resultados tangibles en términos productivos.

Redirigir flujos y reordenar alianzas

El trasfondo del plan impulsado por Trump es estratégico: redirigir hacia Estados Unidos los flujos de minerales críticos extraídos en países aliados o dentro de su esfera de influencia, como México, Canadá, la Unión Europea o Japón. La meta es prevenir un escenario en el que China restrinja exportaciones y paralice industrias clave estadounidenses.

En este contexto se inscribe el acuerdo alcanzado durante la reciente visita a Washington del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. El entendimiento contempla mayor intercambio de información sobre yacimientos, posibles precios mínimos de importación y ajustes regulatorios en materia minera. Para justificar la participación mexicana, Ebrard resumió la lógica geopolítica con una frase contundente: México busca “estar en la mesa y no en el menú”.

Alertas desde la sociedad civil

Pese al discurso oficial, organizaciones sociales han encendido alertas. La colectiva Cambiémosla Ya advirtió que el acuerdo prioriza la extracción acelerada de recursos sin incorporar de manera explícita derechos humanos, comunitarios, salud pública ni protección ambiental. Desde su perspectiva, el pacto contradice las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum, que apuntaban a un mayor control y regulación de la industria minera.

Para estas organizaciones, el nuevo rumbo recuerda políticas extractivas de corte neoliberal, con riesgos significativos para comunidades y territorios. Así, mientras Estados Unidos busca blindar su seguridad industrial, México enfrenta el desafío de definir hasta dónde está dispuesto a ajustar su marco regulatorio sin sacrificar soberanía, medio ambiente y derechos sociales.