La versión de que los 10 mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, fueron confundidos por integrantes de un grupo criminal ha sido cuestionada por sus propios compañeros de trabajo. De acuerdo con testimonios difundidos en medios nacionales, los trabajadores ya habían recibido amenazas previas para abandonar la mina donde laboraban.

Según el relato de compañeros cercanos a las víctimas, el crimen organizado no buscaba extorsionarlos, sino forzarlos a dejar de operar. Las advertencias —aseguran— comenzaron hace más de un año y fueron notificadas a sus superiores en la empresa canadiense Silver Vizsla. Sin embargo, afirman que no hubo acciones concretas para atender la situación.

Entre las exigencias impuestas por los presuntos grupos criminales, se incluyó un cambio en la vestimenta de trabajo: los mineros debían sustituir sus chalecos naranjas por amarillos para poder ser identificados cuando estuvieran en campo. Aun así, sostienen que la intención no era confundirlos con otro grupo delictivo, sino presionarlos para abandonar la operación minera.

Privación de la libertad en sus domicilios

Familiares y compañeros rechazan la hipótesis de que los trabajadores hayan sido confundidos con integrantes de otra célula criminal. Aseguran que los hombres fueron sacados por la fuerza de los lugares donde descansaban tras su jornada laboral, lo que, a su juicio, contradice la narrativa de una presunta equivocación.

Las declaraciones señalan que los hechos ocurrieron directamente en los domicilios donde se hospedaban, antes de iniciar labores, lo que —afirman— demuestra que no se trató de un encuentro circunstancial en campo.

Hallazgo en fosa clandestina

El 3 de febrero fue localizada una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia. La Fiscalía General de la República confirmó que cinco de los cuerpos hallados correspondían a los mineros desaparecidos, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas restantes.

Por su parte, autoridades federales han informado la detención de cuatro personas vinculadas al caso, quienes habrían declarado que los hechos derivaron de una confusión. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni mayores detalles sobre la mecánica de la privación de la libertad.

Mientras tanto, familiares y compañeros de las víctimas sostienen que existe intimidación para no hablar públicamente sobre lo ocurrido ni sobre las amenazas previas. El caso se mantiene bajo hermetismo oficial y continúa generando cuestionamientos en torno a la seguridad en zonas mineras y la presencia del crimen organizado en Sinaloa.