La agencia calificadora Moody's Ratings redujo la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad y de ocho instituciones financieras mexicanas, luego de haber rebajado la nota soberana del Gobierno de México al nivel Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión.

De acuerdo con la evaluación de la firma, la calificación en moneda extranjera de la CFE pasó de Baa2 a Baa3. Al mismo tiempo, la perspectiva cambió de negativa a estable. Moody’s explicó que esta decisión está vinculada directamente con la reducción de la calificación del Gobierno federal, debido a la relación financiera y operativa que existe entre el Estado mexicano y la empresa eléctrica.

La calificadora señaló que la CFE enfrenta riesgos importantes relacionados con la volatilidad internacional en los precios del gas natural y con las fluctuaciones cambiarias, factores que podrían impactar sus flujos de efectivo en un entorno global marcado por incertidumbre geopolítica y posibles interrupciones en el suministro energético.

Aunque la empresa cuenta con mecanismos de cobertura para reducir parcialmente estos riesgos, Moody’s consideró que las protecciones no son suficientes para blindar completamente a la compañía ante escenarios prolongados de inestabilidad en los mercados energéticos.

Otro de los elementos considerados por la agencia fue el plan de inversión de capital de la CFE, estimado en alrededor de 30 mil millones de dólares hacia 2030. Según la evaluación, este programa implica desafíos de ejecución y requerirá financiamiento mediante diversas fuentes, lo que podría incrementar de manera moderada el nivel de endeudamiento de la empresa estatal.

Además de la CFE, Moody’s rebajó las calificaciones de depósito, deuda y emisor de ocho instituciones financieras y organismos vinculados al sistema financiero mexicano. Entre ellos se encuentran BBVA México, Banorte, Santander México, Banco del Bajío, Bancomext, Nafin y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

La agencia explicó que estas instituciones mantienen una relación estrecha con la capacidad financiera del Estado mexicano y, por ello, sus perfiles crediticios están directamente influenciados por el desempeño económico y fiscal del país.

Moody’s argumentó que el deterioro de la fortaleza fiscal de México se ha acelerado desde 2024 debido a factores como la rigidez del gasto público, una base limitada de ingresos y el respaldo financiero continuo a Petróleos Mexicanos. A esto se suman menores expectativas de crecimiento económico, debilidad en el mercado laboral e incertidumbre relacionada con el comercio y la certeza jurídica.

La firma sostuvo que estos elementos reducen la flexibilidad fiscal del Gobierno y afectan el entorno operativo de bancos e instituciones financieras que dependen de la estabilidad macroeconómica nacional.