La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que no existe riesgo de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, luego de que periodistas informaran que el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una directiva que autorizaba al Pentágono a preparar opciones para acciones contra cárteles que Washington ha calificado como organizaciones terroristas. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

El reporte —publicado inicialmente por medios internacionales y recogido por agencias— señala que la orden ofrecería una base para que las fuerzas armadas y otros instrumentos del poder estadounidense, incluida la inteligencia, evalúen y preparen acciones contra grupos delictivos en el exterior. Funcionarios consultados advirtieron, sin embargo, que la ejecución de operaciones militares directas no parecía inminente y que las opciones específicas aún están en estudio.

Sheinbaum reconoció que la posibilidad de coordinar medidas excepcionales fue planteada en conversaciones con autoridades de Washington, pero enfatizó que México rechazó cualquier presencia de tropas extranjeras en su suelo y ofreció colaborar por otras vías. La presidenta también afirmó que el gobierno mexicano no dispone de evidencia que vincule al presidente de Venezuela con los cárteles mexicanos, en referencia a recientes declaraciones y sanciones internacionales.

La escalada en el discurso estadounidense obedece, en parte, a la decisión de la administración de designar, en meses recientes, a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía las herramientas legales y operativas disponibles para Washington en su lucha contra el narcotráfico. El Departamento de Estado y otras instancias federales han publicado listados y documentos sobre esas designaciones.

Entre las declaraciones de funcionarios estadounidenses que acompañaron los reportes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la nueva directiva “permite centrarnos en las operaciones (de los cárteles) y utilizar otros elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo”. Estas afirmaciones alimentaron inquietudes diplomáticas sobre soberanía y legalidad internacional.

Paralelamente a la discusión sobre opciones militares, Washington elevó recientemente recompensas y sanciones relacionadas con líderes y organizaciones acusadas de narcotráfico, entre ellas el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, citado en informes como presunto vínculo con redes criminales. Ese movimiento forma parte del paquete de presión que incluye designaciones, decomisos y otras medidas.

La moneda diplomática entre México y Estados Unidos combina cooperación en seguridad con tensiones políticas y comerciales: desde entregas de capos solicitados por Washington hasta acuerdos temporales sobre aranceles vinculados al cumplimiento en materia de seguridad. Sheinbaum anunció que pronto se presentaría un nuevo acuerdo de cooperación para enfrentar al crimen organizado desde la colaboración, sin ceder en materia de soberanía.

Mientras tanto, analistas y juristas subrayan que cualquier hipotética operación militar en suelo ajeno plantearía serios cuestionamientos legales y políticos, y que el historial de cooperación en la región ha privilegiado, hasta ahora, apoyos indirectos como intercambio de inteligencia, capacitación y asistencia técnica.