El llamado Operativo Enjambre se ha consolidado como una de las principales acciones del Gobierno federal contra presuntas redes de protección al crimen organizado dentro de alcaldías y corporaciones policiacas del país. Desde su arranque en noviembre de 2024, la estrategia acumula más de 140 personas detenidas, entre presidentes municipales, mandos de seguridad, funcionarios públicos y operadores políticos investigados por diversos delitos.

La operación inició el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos señalados por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y delincuencia organizada.

Entre los primeros casos destacaron las detenciones de María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, además de directores de Seguridad Pública de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Tejupilco. También fueron investigados funcionarios relacionados con el DIF de Tonatico.

El despliegue involucra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con las investigaciones, el objetivo central del operativo es desarticular estructuras de protección política y policial que presuntamente brindaban apoyo a grupos criminales mediante filtración de información, protección armada, control territorial y esquemas de extorsión contra comerciantes, empresarios y productores.

Las autoridades han vinculado a varios de los detenidos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Nueva Generación, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y el grupo denominado Nuevo Imperio.

Con el avance de la estrategia, las detenciones comenzaron a extenderse fuera del Estado de México. En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, junto con ex funcionarios de su administración. Las investigaciones lo relacionan con delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado y extorsión, además de presuntos nexos con el Cártel Nueva Generación. Actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano.

Los casos más recientes ocurrieron en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la reactivación del Operativo Enjambre. En esa entidad fueron detenidos Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla; así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, investigados por presuntas redes de corrupción y extorsión.

La estrategia ha sido comparada con el llamado “Michoacanazo”, implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando más de 30 alcaldes y funcionarios fueron detenidos por presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Sin embargo, gran parte de aquellos procesos terminó debilitándose por falta de pruebas e irregularidades judiciales.

A diferencia de aquella operación, el Gobierno federal sostiene que el Operativo Enjambre está respaldado por inteligencia financiera, análisis telefónicos, cateos y despliegues simultáneos para evitar filtraciones. Además, las investigaciones abarcan distintos estados y varias organizaciones criminales.

El operativo también ha generado una percepción favorable entre sectores de la ciudadanía, al mostrar acciones directas contra presuntas estructuras de corrupción y crimen organizado dentro de gobiernos municipales.

Hasta el momento, al menos 20 ex funcionarios del Estado de México han recibido condenas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos derivados de las investigaciones.