El llamado “Plan B” en materia electoral dio un paso clave en el Senado al ser aprobado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, en una sesión marcada por divisiones políticas, ausencia de aliados y fuertes cuestionamientos de la oposición.

Con 24 votos a favor y 11 en contra, el dictamen fue avalado principalmente por legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La aprobación ocurrió tras más de tres horas de discusión, en las que se consideró suficientemente debatido el contenido de la iniciativa.

Uno de los elementos que destacó en la sesión fue la ausencia del Partido del Trabajo (PT), que decidió no acompañar la propuesta. La bancada mantiene su desacuerdo con aspectos centrales del proyecto, particularmente la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato coincida con la elección federal intermedia de 2027, así como la participación activa de la titular del Ejecutivo en campañas.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron tanto el contenido como la motivación de la reforma. Se argumentó que la iniciativa no atiende los problemas estructurales del sistema democrático, como la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

También se advirtió sobre posibles afectaciones al federalismo. Desde el PRI, se señaló que la propuesta podría debilitar la autonomía de estados y municipios, al modificar principios que históricamente han sostenido el equilibrio del sistema republicano en México.

Por su parte, Movimiento Ciudadano expresó su rechazo al considerar que la reforma implica una sobrerregulación del marco legal vigente y podría distorsionar mecanismos como la revocación de mandato, transformándolos en instrumentos de validación política más que de control ciudadano.

En contraste, desde Morena se defendió el dictamen bajo el argumento de fortalecer la democracia participativa. Legisladores del oficialismo sostuvieron que figuras como la revocación de mandato son esenciales y que los actores políticos tienen derecho a promover sus proyectos ante la ciudadanía.

El dictamen será llevado al pleno del Senado para su discusión y votación en sesión programada para este miércoles por la tarde, donde se anticipa un debate igualmente polarizado.