El pasado 30 de junio, el Congreso de la Unión aprobó una reforma orientada a fortalecer los mecanismos de búsqueda de las más de 120,000 personas desaparecidas en México desde 1952, con un repunte significativo a partir de 2006. La iniciativa, promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, incorpora un registro nacional biométrico que permitirá vincular datos forenses y administrativos en una plataforma única de identidad.

Con la implementación de la CURP biométrica, cada ciudadano contará con un documento físico y digital que incluirá huellas dactilares y fotografía facial, facilitando así las labores de las autoridades para rastrear a las víctimas de desaparición en tiempo real. La Cámara de Diputados respaldó la medida tras el aval del Senado, consolidando un compromiso legislativo para modernizar la identificación y acelerar los procesos de localización.

La crisis de desapariciones en México ha motivado la formación de colectivos de búsqueda liderados por familiares, quienes exploran zonas de alto riesgo en colaboración con organizaciones civiles. La reforma pretende aliviar esta carga y dotar a las instituciones de herramientas más precisas, aunque expertos insisten en que el éxito dependerá de la transparencia en el manejo de la base de datos y del respeto a los derechos humanos.

Al conectarse con registros forenses y administrativos, la nueva plataforma apunta a reducir tiempos de investigación y mejorar la coordinación entre fiscalías estatales, la Guardia Nacional y cuerpos de búsqueda especializados. De este modo, se aspira a brindar respuestas más rápidas a las familias y a reforzar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la población.