La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a colocar bajo los reflectores una política que ha alcanzado a distintos políticos y funcionarios mexicanos durante la segunda administración de Donald Trump.

López Beltrán confirmó públicamente que Estados Unidos le retiró la visa y cuestionó la decisión del gobierno de ese país. Su caso se suma a otros que han sido documentados desde 2025, cuando comenzaron a conocerse públicamente cancelaciones que afectaron a integrantes de distintos partidos políticos.

De acuerdo con un reporte de Reuters publicado en octubre de 2025, hasta entonces Estados Unidos había revocado las visas de más de 50 políticos mexicanos, aunque solamente una parte de los casos había trascendido públicamente. La agencia señaló que la medida formaba parte de una estrategia más amplia de la administración Trump contra organizaciones delictivas y personas que Washington considera relacionadas con ellas.

Marina del Pilar Ávila, uno de los primeros casos conocidos

Entre los casos que adquirieron mayor notoriedad se encuentra el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. En mayo de 2025 confirmó que Estados Unidos había cancelado su visa, así como la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

La mandataria señaló en ese momento que desconocía las razones específicas de la decisión y negó estar involucrada en alguna investigación. Reuters posteriormente documentó la revocación de su visa estadounidense.

Otro caso correspondió a Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero. El político confirmó que recibió el 31 de julio de 2025 una notificación por correo electrónico sobre la cancelación de su visa y afirmó que no se le explicó el motivo.

Juan Francisco Gim también perdió su visa

En agosto de 2025, Juan Francisco Gim, entonces alcalde de Nogales, Sonora, informó que autoridades estadounidenses le retiraron la visa después de que intentara ingresar a Estados Unidos.

El funcionario explicó que el procedimiento correspondía, según su versión, a un asunto administrativo y sostuvo que no había sido señalado por alguna conducta indebida. Las autoridades estadounidenses no hicieron públicos los motivos de la cancelación.

Durazo y Villarreal: casos cuestionados por los propios gobernadores

En junio de 2026, un reportaje de Los Angeles Times y Puente News Collaborative señaló que Estados Unidos había revocado las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en el contexto de supuestas investigaciones relacionadas con crimen organizado.

Ambos mandatarios rechazaron públicamente la información. Durazo sostuvo que la publicación carecía de sustento y afirmó que mantenía vigente su visa, mientras Villarreal negó haber recibido alguna notificación y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Incluso después surgieron versiones contradictorias sobre la situación migratoria de ambos gobernadores, por lo que estos casos deben distinguirse de aquellos en los que los propios funcionarios confirmaron directamente la cancelación de sus documentos.

La sucesión de casos muestra un endurecimiento de la política migratoria y de seguridad de Washington hacia funcionarios mexicanos durante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la cancelación de una visa no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad ni prueba de la comisión de un delito, y en varios de estos casos las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los motivos específicos.