La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una operación militar en territorio de Venezuela ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una inmediata y amplia reacción internacional. Las posturas se dividieron con claridad entre quienes respaldaron la acción estadounidense y quienes cuestionaron su legalidad y posibles efectos a largo plazo sobre la estabilidad regional.

Entre los apoyos más explícitos se ubicó Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó el respaldo total de su gobierno a la decisión de Washington y reconoció el desempeño de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En la misma línea, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró públicamente la captura de Maduro y manifestó la disposición de su país para colaborar en una transición política en Venezuela.

En contraste, diversas naciones europeas centraron su postura en el respeto al derecho internacional. Desde Finlandia, el presidente Alexander Stubb llamó a respaldar una transición democrática, pero subrayó que las acciones entre Estados deben apegarse a la legalidad internacional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo que la vía militar externa no es el mecanismo adecuado para poner fin a regímenes autoritarios, aunque consideró legítima una intervención defensiva.

Alemania también expresó reservas. El canciller Friedrich Merz calificó de problemático el papel de Maduro en la región, pero advirtió que el marco jurídico de la operación estadounidense es complejo y debe evaluarse conforme al derecho internacional. En España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez condenó la acción militar por considerarla una violación al orden jurídico internacional y un factor de inestabilidad.

El Reino Unido se deslindó de cualquier participación directa. El primer ministro Keir Starmer reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional, aunque señaló que su gobierno considera ilegítimo a Maduro y no lamenta el fin de su régimen.

En Asia, China exigió la liberación inmediata del mandatario venezolano y calificó el ataque como una amenaza para la paz regional. Rusia, junto con Bielorrusia, condenó la operación por considerar que vulnera la soberanía de un Estado. India optó por un tono más moderado, llamando al diálogo pacífico, mientras que Corea del Norte criticó duramente a Estados Unidos. Malasia, por su parte, pidió la liberación de Maduro y advirtió sobre el precedente que implica la destitución forzada de un jefe de Estado.

En América Latina, las reacciones también fueron contrastantes. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la operación “cruza una línea inaceptable” y solicitó una respuesta internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención y pidió una actuación inmediata de la ONU. Chile, Colombia y Cuba expresaron también su rechazo, advirtiendo riesgos para la soberanía regional y la estabilidad.

En sentido opuesto, Panamá, Ecuador, Argentina y Francia respaldaron que el poder sea transferido al líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien consideran vencedor legítimo de las elecciones de 2024. Otros gobiernos sudamericanos adelantaron que no permitirán el ingreso a su territorio de funcionarios del régimen venezolano que intenten abandonar el país.

El escenario confirma una fractura internacional frente al rumbo político de Venezuela y reabre el debate sobre los límites de la intervención externa, el respeto a la soberanía y el papel del derecho internacional en la resolución de crisis políticas.