Diputados federales de Morena habrían recibido monederos electrónicos con un monto acumulado de 50 mil pesos por legislador, una entrega que representaría una erogación de 63 millones 500 mil pesos para el conjunto de la bancada, de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.

El reporte señala que cada uno de los 254 integrantes del grupo parlamentario recibió cinco tarjetas electrónicas con un saldo de 10 mil pesos cada una. La distribución habría estado a cargo de la coordinación administrativa de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada por Faruk Miguel Take Roaro.

Los monederos corresponden a la modalidad empresarial de la marca Broxel, denominada "Tengo Negocios", diseñada para administrar viáticos y gastos de operación. Entre sus características se encuentran la posibilidad de retirar efectivo en cajeros automáticos y realizar deducciones fiscales de hasta 100 por ciento.

Uno de los aspectos que genera cuestionamientos es el manejo de estos recursos. Según testimonios de legisladores citados por el diario, las tarjetas se entregan periódicamente y pueden utilizarse sin que exista la obligación de presentar comprobantes sobre cada gasto.

La bancada de Morena había justificado previamente este mecanismo como un apoyo para cubrir gastos de gestión legislativa, viáticos no previstos y actividades de representación en los distritos electorales. Sin embargo, el reporte señala que no se ha precisado públicamente la partida presupuestal de la que provienen los recursos ni los mecanismos específicos para comprobar su aplicación.

Entrega ocurre mientras Morena prepara el proceso electoral de 2027

La distribución más reciente habría ocurrido el 28 de octubre, después de una reunión privada de los diputados morenistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Universal, durante ese encuentro el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, llamó a los legisladores a prepararse para las elecciones de 2027 y anticipó que el proceso interno para definir candidaturas avanzaría durante los próximos meses.

En esa reunión también se habría expuesto el interés de distintos integrantes de la bancada por buscar nuevos cargos de elección popular. Según las cifras citadas por el diario, 156 diputados buscarían la reelección, mientras que entre 20 y 30 tendrían interés en competir por una presidencia municipal.

La coincidencia entre la entrega de los monederos y la preparación de la estructura legislativa rumbo a los próximos comicios abrió otro frente de cuestionamientos, particularmente por la necesidad de transparentar el destino y la utilización de recursos públicos en un periodo previo a la contienda electoral.

Especialistas piden investigar el origen de los recursos

El caso también generó comparaciones con el denominado Monexgate, escándalo político-electoral de 2012 relacionado con la distribución de tarjetas de prepago vinculadas al Banco Monex, que fue señalado por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo para presuntamente dispersar recursos entre operadores políticos.

La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río, consideró que la entrega de monederos debe investigarse si no existe información suficiente sobre su procedencia presupuestal y los criterios que justifican su distribución.

Por ello, planteó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el origen de los recursos y determinar si su ejercicio cumple con las disposiciones de fiscalización y rendición de cuentas.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, especialista en transparencia y estrategias anticorrupción, cuestionó las condiciones fiscales bajo las cuales se utilizan estas tarjetas y advirtió sobre los riesgos de manejar recursos adicionales sin mecanismos claros de comprobación.

Las observaciones de ambos especialistas colocan en el centro de la discusión la transparencia del gasto legislativo, la justificación de los apoyos y la obligación de garantizar que los recursos administrados por los grupos parlamentarios tengan un destino verificable.

Hasta ahora, la información difundida plantea interrogantes sobre la partida presupuestal utilizada, la periodicidad de las entregas y los controles establecidos para supervisar los gastos. La aclaración de estos puntos será fundamental para determinar el alcance de las posibles responsabilidades administrativas o fiscales relacionadas con el caso.