La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un estado de emergencia local y estableció un toque de queda nocturno en el perímetro del centro de la ciudad luego de cinco jornadas consecutivas de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno federal. La restricción, que rige de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. en una zona de aproximadamente una milla cuadrada, podría extenderse mientras persistan los episodios de violencia en la vía pública.

Durante la primera noche de vigencia, la Policía de Los Ángeles reportó 197 arrestos relacionados con alteraciones al orden y desobediencia civil. El jefe policial, Jim McDonnell, explicó que el objetivo no es suprimir la libertad de expresión sino proteger bienes y personas. Quedaron exentos de la medida los residentes del área, periodistas acreditados, trabajadores esenciales y personas en situación de calle.

La mandataria local aseguró que, aunque los incidentes se han concentrado en un “pequeño perímetro”, los destrozos han sido significativos. “Esto no ocurre en toda la ciudad, pero en el centro estamos viendo daños que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos”, afirmó Bass, quien reiteró su llamado al presidente Donald Trump para poner fin a las redadas del ICE y evitar el temor de las familias inmigrantes a salir de sus hogares.

En respuesta, el presidente Trump acusó a los manifestantes de actuar como “enemigos extranjeros” durante un acto en Fort Bragg, donde calificó a Los Ángeles de “ciudad tomada por delincuentes” y respaldó el envío de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional. “Liberaremos esta ciudad y la haremos segura de nuevo”, proclamó el mandatario.

El gobernador Gavin Newsom rechazó la militarización de las calles: “Nuestros soldados están entrenados para conflictos en el extranjero, no para patrullar barrios estadunidenses”, declaró. Aunque reconoció que la mayoría de las protestas han sido pacíficas, advirtió que quienes incentiven la violencia serán responsables ante la ley. Asimismo, criticó el silencio de congresistas republicanos y afirmó que California seguirá defendiendo el derecho a manifestarse sin represión excesiva.

Mientras avanzan las negociaciones entre autoridades locales, estatales y federales, la comunidad sigue dividida entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden. En este nuevo episodio, Los Ángeles se convierte en el epicentro de un intenso debate sobre derechos de los inmigrantes, seguridad pública y la estrategia del Gobierno para controlar la migración.