En una carta publicada el 12 de julio en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel general del 30 % a todas las importaciones de origen mexicano —además de las procedentes de la Unión Europea— a partir del 1 de agosto de 2025. La decisión se fundamenta en lo que consideró “esfuerzos insuficientes” de México para frenar el trasiego de drogas y en el creciente déficit comercial, calificado de “amenaza a la seguridad nacional”.

Trump sostuvo que pese a las tarifas sectoriales vigentes —como el 50 % al acero y aluminio o el 25 % a automóviles— el país vecino no ha detenido a los cárteles que operan en territorio norteamericano, atribuyendo al déficit de intercambio una vulnerabilidad en la frontera. “Lo que México ha hecho no es suficiente (…) no puedo permitir que intenten convertir América del Norte en un parque de tráfico de narcóticos”, señaló el mandatario.

Las nuevas tarifas generales se aplicarán “separadas de cualquier arancel sectorial existente”, lo que significa que el gravamen del 30 % se sumará a las tasas ya impuestas al acero, aluminio y autos, sin afectar las cuotas o excepciones negociadas bajo el T‑MEC para bienes que cumplan las reglas de origen.

Trump ofreció, sin embargo, vías de alivio: eximiría de estas tarifas a empresas que establezcan producción en Estados Unidos, así como a donaciones humanitarias, material informativo y envíos de bajo valor, aunque no detalló el alcance exacto de estas excepciones ni si reemplazarán o se superpondrán a los aranceles por migración y fentanilo previamente fijados en 25 %.