El presidente Donald Trump autorizó el envío de 4,000 integrantes de la Guardia Nacional a Los Ángeles para frenar las protestas derivadas de recientes redadas migratorias, pese a no contar con la aprobación del gobernador Gavin Newsom ni de la alcaldesa Karen Bass. A este contingente se sumarán 2,000 efectivos adicionales, lo que convierte la medida en una de las más ambiciosas y controvertidas en décadas.

Para justificar la movilización, la Casa Blanca invocó el Título 10 del Código de los Estados Unidos, norma que faculta al Ejecutivo a utilizar fuerzas federales cuando considere que las agencias locales no pueden garantizar el orden. Trump descartó por el momento recurrir a la Ley de Insurrección de 1807, aunque no descartó hacerlo “si la situación llegara a calificarse como insurrección”.

La decisión marca un hecho histórico: es la primera vez desde 1965 que se despliega la Guardia Nacional en California sin el consentimiento del gobernador, cuando Lyndon B. Johnson autorizó tropas en Alabama para proteger manifestantes de derechos civiles. El antecedente más cercano en Los Ángeles data de 1992, tras los disturbios por el caso Rodney King, pero aquel envío fue solicitado por el gobernador y el alcalde y se llevó a cabo bajo la Ley de Insurrección.

En respuesta, el estado de California interpuso una demanda alegando violaciones a la Décima Enmienda, que protege la soberanía estatal. Newsom acusó a Trump de “fabricar una crisis” y denunció las condiciones precarias de los cuarteles improvisados donde duermen los soldados. Mientras la batalla legal avanza, persiste la incógnita sobre el alcance constitucional de emplear tropas federales en protestas civiles sin aval local.

El despliegue también intensifica la polarización política en torno a la inmigración y la seguridad interior. Defensores del gobierno federal sostienen que es una medida necesaria para restaurar el orden; críticos advierten que sienta un mal precedente y erosiona las competencias estatales. El fallo de la Corte que resuelva la demanda de California definirá si el Ejecutivo puede actuar de forma autónoma en futuros episodios similares.