La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos involucrados por los delitos de delincuencia organizada y huachicol ferroviario.

La resolución fue emitida al término de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas junto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano.

Durante la audiencia, la jueza concluyó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal del Altiplano.

En el mismo caso, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el 16 de julio junto con otros implicados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.

Las indagatorias señalan que la empresa Ingemar habría desempeñado un papel central dentro de la operación investigada. Según la FEMDO, el grupo habría diseñado un esquema de simulación mediante 11 compañías para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina transportados en 163 carrotanques.

La investigación también sostiene que se realizaron al menos nueve embarques desde la refinería de Deer Park, en Texas, propiedad de Pemex, con Ingemar como empresa consignataria y la compañía Internacional de Fundentes como destinataria final de los cargamentos en territorio mexicano.

Asimismo, la carpeta de investigación refiere que Internacional de Fundentes ya era objeto de indagatorias por presuntas irregularidades relacionadas con la importación de hidrocarburos. Entre ellas figura el supuesto uso de documentación falsa para introducir mayores volúmenes de combustible que los autorizados, pese a contar con permisos vigentes para importar diésel, gasolinas y turbosina.

Con la vinculación a proceso, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que continúe la investigación penal y se desarrolle el proceso correspondiente contra los ocho imputados.