Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de Tabasco señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. Tras la audiencia —celebrada a puerta cerrada— se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, después de su detención y repatriación desde Paraguay. Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer su presunta participación en redes delictivas que habrían operado en Tabasco y otras zonas.

El exfuncionario fue capturado en una vivienda ubicada en una zona residencial de Mariano Roque Alonso, en Asunción, Paraguay, el pasado 13 de septiembre; posteriormente fue expulsado del país y trasladado a México, donde enfrentó la audiencia que derivó en su vinculación a proceso. Informes periodísticos y comunicados oficiales señalan que en México existía una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol asociada al caso.

Las imputaciones se enmarcan además en la presunta relación de Bermúdez con el grupo criminal La Barredora, organización que, según autoridades e investigaciones abiertas, estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dedicada a delitos como narcomenudeo, extorsión y otros ilícitos que han concentrado la atención de instancias federales y estatales.

Fuentes oficiales y declaraciones públicas recientes han indicado que la investigación contra Bermúdez era seguida desde 2024 por diversas instancias, y que en julio pasado se confirmó la existencia de alertas internacionales. La Fiscalía General de Tabasco y otras instancias encargadas del caso continúan recabando pruebas y testimonios que serán integrados a la carpeta de investigación durante el periodo de investigación complementaria.

En el terreno político, la dirigencia nacional de Morena, representada por Luisa María Alcalde, informó que los derechos partidistas del exfuncionario permanecen suspendidos y que una expulsión definitiva del partido dependerá de una sentencia firme. Las autoridades partidistas han subrayado que respetan la presunción de inocencia y seguirán el proceso conforme a sus protocolos internos.

El caso mantiene en alerta a la opinión pública por el perfil del imputado —quien fue secretario de Seguridad estatal durante la administración de Adán Augusto López Hernández— y por las implicaciones que las pesquisas podrían tener en la investigación de redes y posibles complicidades. La Fiscalía y la Fiscalía General de la República (FGR), según comunicados, coordinarán y profundizarán las líneas de investigación que correspondan.

Qué sigue en el proceso

Las autoridades cuentan ahora con un plazo de tres meses para llevar a cabo diligencias complementarias: recabar más pruebas, presentar peritajes, contrastar testimonios y preparar la carpeta para una eventual etapa intermedia o acusatoria. Mientras tanto, Bermúdez permanecerá en prisión preventiva y las fiscalías estatales y federales continuarán la integración del caso.