Ocho personas detenidas durante la marcha de la llamada Generación Z fueron presentadas ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, donde se definieron las primeras medidas judiciales tras los hechos.La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a los sujetos por diversos delitos, principalmente robo y lesiones, derivados de los incidentes ocurridos durante la movilización.

El juez de control consideró que la detención de los ocho participantes fue legal, por lo que procedió a analizar las medidas cautelares y la situación procesal de cada uno.

Tres vinculados a proceso por robo y lesiones

En el caso de los jóvenes Daniel David Rocha y José Luis Matus, el juzgador resolvió vincularlos a proceso por los delitos de robo y lesiones. Como medida cautelar, se les impuso la obligación de firmar cada 15 días, lo que les permitirá continuar su proceso en libertad, aunque sujetos a supervisión judicial.

De esta manera, ambos deberán cumplir con la firma periódica mientras avanza la investigación complementaria, además de acatar las disposiciones que el juez determine para garantizar su presencia en el procedimiento.

Cinco permanecerán en prisión preventiva

Por otro lado, cinco detenidos más optaron por solicitar la duplicidad del término constitucional, es decir, contar con más tiempo para que se defina si serán o no vinculados a proceso.

Mientras se lleva a cabo la continuación de la audiencia, el juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que estas personas permanecerán privadas de la libertad en tanto se resuelve su situación jurídica.

Esta medida busca asegurar que los imputados se mantengan a disposición de la autoridad judicial, mientras la defensa y la Fiscalía preparan sus argumentos para la siguiente etapa del proceso.

Marcha de la Gen Z bajo la lupa judicial

Los resultados de estas audiencias reflejan el inicio de una ruta judicial para las personas detenidas durante la marcha de la Generación Z, una movilización que derivó en incidentes con presuntos actos delictivos.

Con la vinculación a proceso de tres jóvenes y la prisión preventiva para cinco más, el caso continuará en los tribunales, donde se determinará si existen elementos suficientes para acreditar los delitos imputados y, en su caso, fijar responsabilidades penales.