Acuerdo de outsourcing es rechazado por Canacintra, CNA y Coparmex

Insisten en que la iniciativa del Ejecutivo federal pretende coartar la libertad de la subcontratación.

El acuerdo para eliminar la subcontratación que firmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con representantes de la iniciativa privada y líderes sindicales, fue rechazado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). "Canacintra, CNA y Coparmex declaran que la iniciativa del Ejecutivo federal, que pretende coartar la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

"Su aprobación en estos términos dañaría, además, seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas", se lee en un comunicado en conjunto de los organismos empresariales.

Debido a su postura, rechazaron firmar el acuerdo propuesto por el Gobierno federal sobre la iniciativa, ya que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.

Se negaron a avalar que se estigmatice a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

"La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

"Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría", señalaron.

Aceptaron estar a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo, así como la promoción de inversionistas con dimensión social.

Además, reiteraron su disposición de mantener el diálogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice su posición en esta materia: regulación sí, prohibición no.