• Sol Olvera

Expertos piden revisar el costo fiscal de la reforma en pensiones


Debido a que este cambio impactará en los salarios, se deben especificar las bases para una reforma sólida.


En el próximo periodo ordinario de sesiones, los diputados y diputadas deberán revisar con lupa el costo que implicará el alza de la pensión mínima garantizada propuesta en la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo, así como el presupuesto de programas sociales relacionados a la entrega de una pensión y el monto que se destinará al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, indicaron expertos.

“No se han presentado números, pero claro que habrá un costo fiscal importante, porque son muchas pensiones que antes no se iban a dar. La gente que no registraba las mil 250 semanas, ahora tendrá derecho a la pensión mínima, entonces aumenta el número de pensionados y los recursos que asumirá el Estado.”
Alejandro Turner, vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios.

En la presentación de la iniciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, comentó que al reducir las semanas de cotización de mil 250 a 750, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura de 34 a 82% de los trabajadores y la pensión pasaría de 3 mil 289 pesos a 4 mil 345 pesos.

Con ello, se calcula que, en vez de que se pensionen 10 mil o 20 mil trabajadores en 2021, podrían ser entre 60 mil y 80 mil trabajadores, expuso en su momento el actuario Jorge López Pérez.

Turner comentó que las semanas se redujeron a 750 para evitar una crisis social el próximo año, pero ante el crecimiento de la población de adultos mayores, la idea es que las semanas de cotización aumenten de manera gradual hasta sumar mil semanas.

“Esto implicará que el Gobierno tenga que aumentar los recursos que destina a las aportaciones de las personas que se pensionen por AFORE, lo que se está haciendo es una redistribución de las aportaciones del Gobierno a los trabajadores de menores ingresos”, puntualizó.

Datos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) estiman que, entre el pago de pensiones y jubilaciones del sector público y las no contributivas (programas sociales) se destinarán del erario 1 billón 103 mil 758 millones de pesos, monto que supera la recaudación aprobada del Impuesto al Valor Agregado por 1 billón 7 mil 546 millones de pesos.

Más carga para el Gobierno

El proyecto de reforma que se anunció el pasado 22 de julio, indica que las aportaciones se elevarían de 6.5 a 15% en un periodo gradual de ocho años y el aumento dependerá del ingreso del trabajador.

Si una persona percibe un salario mínimo (3 mil 696.6 pesos mensuales), el Gobierno aumentará su aportación de 0.225% a una cuota social de 8.724%, y para los que perciban hasta cuatro UMA (10 mil 425.6 pesos mensuales) aportará 1.798%.

Si el trabajador percibe un salario mínimo, el patrón aportará 5.151% (aportación actual), y si el ingreso es de 25 UMA (alrededor de 65 mil pesos mensuales), la empresa aportaría 13.875% al ahorro para el retiro.

Para Berenice Ramírez, socióloga y experta en seguridad social de la Universidad Nacional Autónoma de México, el aumento de las aportaciones representará un peso significativo para el Gobierno, pues alrededor de 74% de la población ocupada percibe entre uno y tres salarios mínimos (entre 3 mil 696.6 y 11 mil 89.8 pesos mensuales).

“Esperamos que los legisladores estudien la propuesta a fondo, y que no solamente levanten la mano. Se debe hacer una discusión profunda en donde destaquen el costo de la cuota social, lo que aportará la empresa, si ello impactará en los salarios, y cuáles podrían ser las bases para una reforma sólida.”
Berenice Ramírez, socióloga y experta en seguridad social de la UNAM.

Recordó que, actualmente una persona que percibe ingresos entre 18 mil o 20 mil pesos, con la AFORE no se le garantiza tener una buena pensión, pues tendría alrededor de 3 mil pesos, “son aspectos que deben analizar y atender los legisladores porque no impacta mucho si la aportación crece 1% cada año”.

Turner coincidió en que el aumento de la aportación realmente no proviene 100% del patrón, sino que existirá un aumento significativo de la cuota social que otorgará el Gobierno, la cual sí beneficiará a quienes perciben menos ingresos.

Tallentia / Elizabeth Albarrán / El Economista.

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