• Sol Olvera

Gustavo de Hoyos asegura que el recorte de aguinaldo es una grave violación a derechos laborales


El presidente de la Coparmex considera que lo mejor es reducir el presupuesto para el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.


El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que recorta el monto de 40 a 20 días de aguinaldo a los servidores públicos federales, representa una grave violación a los derechos adquiridos de los trabajadores, asegura Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La intención de colocar un decreto por encima del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ilegal debido a que en dicho apartado se establece con claridad que los salarios no podrán ser disminuidos al haber sido considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

Asimismo, Gustavo de Hoyos resalta que eliminar la prestación del aguinaldo es contraria al artículo 127 constitucional, en el cual dice que la remuneración que reciban los trabajadores será irrenunciable, ya que representa el esfuerzo anual de decenas de miles de servidores públicos federales, que desempeñan sus labores con eficiencia, esfuerzo y constancia.

“Reducir los ingresos de los trabajadores, justificando la falta de dinero para combatir la pandemia del coronavirus en la que nos encontramos, es contraria al bien superior que debe promover, proteger y garantizar el Gobierno Federal.”
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex.

Además, De Hoyos resalta un criterio discrecional, al establecer la disminución del aguinaldo solo para burócratas y no para personal militar o sindicalizados, lo cual demuestra una total discriminación de aplicación en dicha medida.

El presidente de la Coparmex considera que el dinero que el Gobierno Federal desea obtener recortando el aguinaldo a sus trabajadores, debería de tomarse de los recursos destinados a los grandes proyectos del Ejecutivo, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

Resalta que los caprichos gubernamentales no deberían cumplirse a costa del ingreso de miles de servidores públicos que viven al día, y rechaza tajantemente esta medida ilegal e inconstitucional, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que rectifique su decisión.

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