• Sol Olvera

Identifica Gustavo de Hoyos gasto millonario en posible consulta popular


El presidente de la Coparmex pide que, en lugar de gastar en una consulta popular, el gobierno invierta en necesidades de la población.


Porque el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la decisión mayoritaria de los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la petición realizada por el presidente de México para que los exmandatarios de nuestro país sean enjuiciados.

La consulta, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en estos momentos en que las acciones de gobierno debieran atender en forma prioritaria otras necesidades de la población, por ejemplo, la crisis económica y laboral a consecuencia de la pandemia por el covid-19, señala Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

La encuesta para decidir si el próximo año se inicia un proceso judicial contra los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), costaría más de 8 mil millones de pesos.

La iniciativa de la Cuarta Transformación podría realizarse a cabo el 1 de agosto de 2021, pues la Constitución Política señala que las consultas deben hacerse el primer domingo de agosto; así, los mexicanos serán convocados a las urnas el 6 de junio para las elecciones y, dos meses después, para la consulta sobre expresidentes.

164 mil 500 casillas se prevé que sean instaladas para el proceso electoral 2021.

1 millón de ciudadanos, aproximadamente, serán funcionarios de casilla.

Teniendo en cuenta estos números, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la gran tarea de definir cuántos electores se pueden convocar por casilla y, en función de eso, determinar el número de casillas.

La dependencia electoral tendrá que hacer muchos cálculos y análisis técnicos para decidir los recursos que servirán para que los derechos políticos de los 95 millones de electores mexicanos sean garantizados.

Gustavo de Hoyos, afirma que la Coparmex respeta la decisión adoptada por el máximo tribunal del país; “sin embargo, disentimos del criterio adoptado por la mayoría de los Ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los recursos utilizados para llevar a cabo dicha consulta podrían ser invertidos en programas que ayuden a mejorar la situación económica que está generando la pandemia por el covid-19”.

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