Reportan 156 millones de dólares en desvíos del Ejército a través de 'factureras'

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, la Sedena usó 250 compañías fantasmas para facturar entre 2013 y 2019.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de varias instancias pagaron, entre 2013 y 2019, 2 mil 371 millones de pesos (cerca de 156 millones de dólares) a 250 compañías que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró como fantasma.

De acuerdo a una investigación publicada por el diario El País, los desvíos se realizaron con 11 mil 175 comprobantes que amparan servicios contratados en decenas de instalaciones castrenses, como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.

Además de trabajos para mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares.

El diario español sostiene que Construglobal de Chiapas, fue la empresa que más facturó en 2013 y 2014, que recibió 312.7 millones de pesos por la renta de maquinaria de construcción que sería utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas.

Desde que inició la Administración de López Obrador sólo hay constancia de dos facturas de abril de 2019 por 1.1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Los pagos hechos por la dependencia a esta firma los realizó cinco meses antes de que fuera exhibida por el SAT como empresa fantasma.

La evasión fiscal es una batalla del gobierno de López Obrador al grado que en junio pasado reveló que presentaría denuncias penales contra empresas “factureras” que favorecieron un daño al erario público por 48 mil millones de pesos.

Sostuvo que las acciones legales se emprenderán contra quienes operaron un sistema de facturas falsas, pero se permitirá a los contribuyentes regularizarse.

A pesar de lo anterior, la investigación del diario hasta el momento los únicos sancionados han sido cuatro de sus integrantes de las fuerzas castrenses: el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos.