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Sigue el pleito de Puebla con la Familia Jenkins y Derbez, ¿Hasta cuándo?


Por lo pronto, la comunidad universitaria tiene garantizada la continuidad de los estudios y el mejoramiento de la misma.

Hay certeza en la continuidad de la operación de la administración de la UDLAP, pero adelantó que habrá una nueva administración que realizará cambios para mejorar y establecer nuevas condiciones.


Parte de los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins es la Universidad, sus recursos son administrados por la instancia Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, creada por el grupo de familiares inconforme y de la cual eran socios Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Luis Ernesto Derbez, actual rector de la UDLAP.

Desde hace un par de semanas han salido a la luz hechos que han puesto en evidencia a la Familia Jenkins y en entredicho a la labor de Luis Ernesto Derbez al frente de la UDLAP.


Hoy los miembros del que fue él patronato de la Fundación Mary Street Jenkins se encuentran prófugos de la justicia. Pero ¿De qué se les acusa? ¿cuál es el origen y resultado de la investigación en su contra?


El pasado 4 de junio, un juez de control del Estado de Puebla emitió órdenes de aprehensión, derivadas de la investigación por lavado de dinero y evasión fiscal que inició la Fiscalía General de la República.


Desde temprano, policías de Puebla tomaron control de las instalaciones de la UDLAP. Una instancia que se identificó como nuevo patronato de la universidad señaló en un comunicado que esto es parte de una orden judicial para embargar la institución, luego de que se emitieron órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins y sus abogados por un posible fraude por 14,000 millones de pesos.


Por la tarde, Derbez —exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores— dijo en una videoconferencia de prensa que la toma de las instalaciones fue un acto “arbitrario” de parte de un patronato que quiere apropiarse de la UDLAP, sin tener el sustento legal para ello. Agregó que su gestión presentará recursos legales contra esta medida.


La razón: 700 millones de dólares que, utilizándolos como si fuera patrimonio propio, trasladaron de manera ilegal primero a Guadalajara y desde ahí a diversos paraísos fiscales, convirtiendo los bienes que legalmente estaban dispuestos para la filantropía y el bienestar primordialmente de los poblanos, en un patrimonio personal. Hay indicios de que Luis Ernesto Derbez, rector por más de 12 años de la Universidad de las Américas Puebla, habría participado también y facilitado los esquemas para distribuir y ocultar el patrimonio.


La Fundación Mary Street Jenkins no es patrimonio privado o familiar. Es una Institución de Asistencia Privada (IAP), que por tanto goza de beneficios –como la exención de impuestos a los donativos, por ejemplo—a cambio de ser vigilada para que se cumpla con sus objetivos y esos beneficios no se utilicen para otros fines. Cada entidad federativa tiene su respectivo órgano de control para vigilar a las IAP constituidas en su jurisdicción, en este caso la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Cuando la actual Junta recibió vista de parte de la Fiscalía General de la República sobre la reapertura del caso, del correspondía iniciar los procesos necesarios para restituir el funcionamiento de la Fundación, con los recursos que le correspondían y que hoy están repartidos en diversos paraísos fiscales.


Origen de la Fundación


William O. Jenkins legó a una Fundación con el propósito de apoyar --prioritariamente en Puebla, su estado de adopción—a escuelas, hospitales obras públicas, clubes deportivos y becas.

William O. Jenkins, nació en 1878 en Tennessee y murió en Puebla en 1963, como uno de los hombres más ricos de México. Llegó a Puebla, donde inició una empresa textilera que fue el origen de su fortuna. Asimismo, adquirió una sala de cine en Puebla que fue la primera de lo que sería Operadora de Teatros S.A., que llegó a incluir 80% de los cines de México. Estos fueron sus negocios más notorios, de los que derivó una gran fortuna.


Sin embargo, en vez de dejar su fortuna a sus descendientes, legó todos sus bienes y recursos a la Fundación Mary Street Jenkins, llamada así en honor de su esposa.


Muy claramente el empresario expresó su voluntad en su testamento:

“siempre ha tenido la firme convicción que en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia el propio señor testador, que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo, y siguiendo este principio manifiesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riquezas ni fortunas sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es expresa su voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna.”


En 1954 Jenkins creó la Fundación destinada a realizar obras de caridad, con la finalidad, según sus propias palabras, “de hacer todo lo que tendrá como resultado el mejoramiento del nivel de vida, tanto moral como material, de los habitantes de este nuestro estado de Puebla.”


El señor Jenkins quería que la fundación quedara establecida a perpetuidad, por lo que determinó como regla en sus estatutos, que el capital de la institución no debía ser utilizado por ningún motivo y que los actos de beneficencia debían provenir únicamente de los intereses o productos generados por ese capital. Inicialmente, se encomendó la administración de la fundación a 5 patronos, entre los cuales estaba el propio señor Jenkins, quien permaneció en su cargo como presidente del patronato hasta su muerte en 1963.


El desencuentro familiar a el desfalco a los poblanos


En 2014 Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins, un añop después de que fue excluido del Patronato de la Fundación, presentó denuncias ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y más tarde ante la Fiscalía General de la República quejándose de su destitución, y del mal uso de los recursos de la Fundación.


Hasta aquí un asunto que podría considerarse familiar o entre particulares, pero al ser una Institución de Asistencia Privada su actuación está regulada por la Junta, y sus recursos no son un patrimonio privado o familiar.


Sobre todo, por lo que hicieron los patronos a continuación:

Primero, modificaron los estatutos de la Fundación y, contra la voluntad de su fundador, establecieron que sí se podía usar el capital -y no sólo los intereses y productos de ese capital, como estaba originalmente previsto- para realizar donativos y obras de caridad.

Segundo: donaron 720 millones de dólares, es decir, prácticamente todo su capital, a una entidad que crearon llamada Fundación Bienestar de Filantropía.


La ilegalidad de la donación fue reconocida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en resolución emitida en mayo de 2020, dentro del Juicio Contencioso 1505/18-12-01-4/1587/19-S2-09-04, en la que se determinó que Fundación Mary Street Jenkins no cumplió con el objeto social para el que fue creada y autorizada, en virtud de que, del análisis a los donativos otorgados y supuestas obras de beneficencia, se conoció que destinó la mayor parte de sus recursos fue para beneficios para los miembros del Patronato de la Fundación, familiares consanguíneos e instituciones en las cuales tiene injerencia.


Tercero: Fundación Bienestar de Filantropía cambió su domicilio social a Barbados, y en noviembre de 2015, a Panamá, cambiando de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, Institución de Interés Privado. Con ese acto, se consumó el desfalco, pues la entidad panameña tiene como sus beneficiarios a los mismos patronos. Este punto es relevante porque, si la finalidad de la familia era continuar con tareas filantrópicas desde Panamá, debió constituirse como una fundación sin fines de lucro, instituciones que al igual que en México, cuentan con vigilancia de las autoridades del país.


No obstante lo anterior, optaron por una fundación de interés privado, que funciona como una suerte de fideicomiso, privado y opaco; más que como fundación de beneficencia en favor de la comunidad. De esta manera no están sujetos a la vigilancia de las autoridades del país, lo que flexibiliza el uso discrecional de su patrimonio.


Los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla que estaba en funciones en ese entonces autorizaron una reforma ilegal a los estatutos de Fundación Mary Street Jenkins, que sirvió para el desfalco de casi todo su patrimonio. Por lo que hoy también se investiga a los servidores públicos de administraciones anteriores que aprobaron y permitieron la realización de dichos actos ilícitos.


Al quedar al descubierto la participación de funcionarios públicos en el encubrimiento de los hechos ilícitos por los Jenkins, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en su contra, misma que está siendo integrada en la Fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos.


Derivado de las denuncias iniciadas por Guillermo Jenkins de Landa, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación penal en contra de los Jenkins, a pesar de que todas las pruebas apuntaban a la responsabilidad de la familia, nunca existió pronunciamiento en ese sentido, por el contrario, lograron que en mayo de 2018 se emitiera una resolución de No Ejercicio de la Acción Penal, con lo cual se concluía la investigación y se les exonerara, ejecutando lo que sería conocido como “la vacuna Jenkins”.


Ya en la nueva administración, la Fiscalía General de la República descubrió las irregularidades con las que pretendían terminar la investigación penal, se revocó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal y se ordenó continuar con la investigación.


Se identificaron al menos dos delitos cometidos por los Jenkins, el primero investigado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o alteración de Monedad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia organizada de la FGR, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020 y el segundo, por la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la carpeta de investigación 2886/2020/ZC.


A la fecha, en ambas carpetas se ha ejercitado acción penal en contra de los miembros del Patronato y los abogados que participaron en el esquema de lavado, como resultado se emitieron las órdenes de aprehensión del 4 de junio pasado.


La UDLAP y los Jenkins


Uno de los detalles más interesantes de las posibles operaciones fraudulentas de la familia Jenkins, es que crearon una fundación exclusivamente para administrar parte de los bienes que obtuvieron ilícitamente de la Fundación Mary Street Jenkins, a la que denominaron “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales” y de la cual eran socios los abogado Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y quien ha ocupado por más de 12 años la rectoría de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez.


Al respecto, el propio Derbez ha aceptado que se dedicó a administrar los bienes inmuebles que fueron propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y que pasaron a ser parte de otra fundación que opera fuera del País, por lo que, de acreditarse que participó o tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, pudiera ordenarse su aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


Adicionalmente, Derbez y otros directivos de la Universidad de las Américas Puebla, están denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones en perjuicio de la Universidad y su patrimonio.

Los Jenkins también exigen al gobierno de Puebla “acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades”, además de que acusan una “campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley”. En su opinión, la Junta para el Cuidado de las Instituciones “está buscando imponer a diversas personas con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución”.


La UDLAP cuenta con más de 9 mil estudiantes al año; más de 600 estudiantes en programa de honores y cerca de 35 mil egresados.

Cuenta con 73 programas académicos: 52 licenciaturas y 21 posgrados; y es una de las primeras universidades fuera de Estados Unidos acreditada por SACSCOC.



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