Standard & Poor’s confirmó la calificación de México en “BBB/perspectiva negativa”

Analistas de la agencia precisaron que “la perspectiva negativa indica el riesgo de un recorte de calificación en los próximos 12 meses ante el debilitamiento de las finanzas públicas probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales relacionados con Pemex”.

Esta perspectiva señala también “la posibilidad de que algunas iniciativas gubernamentales puedan presionar aún más el entorno empresarial”.

El recorte de la nota se puede presentar también si se incrementa la incertidumbre en torno a la autonomía de entes regulatorios y del poder judicial, si se continúan renegociando contratos particularmente en el sector energético y al echar para atrás algunas políticas económicas.

La analista soberana para México en S&P, Lisa M. Schineller, destacó que “los resultados electorales del 6 de junio mantienen un sólido apoyo al presidente (Andrés Manuel) López Obrador y a sus aliados”.

Resaltó también que “con una mayoría simple en el Congreso, se mantiene bien posicionado para impulsar la agenda política en la segunda parte de su sexenio”.

La nota de México en S&P se encuentra dos niveles arriba del Grado de Inversión (GI) y con esta ratificación se han pronunciado ya las tres agencias de mayor presencia mundial sobre la situación crediticia de México.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio refirió en su cuenta oficial de twitter @GabrielYorio que “esta ratificación beneficia a la economía mexicana en su totalidad al permitir acceso al financiamiento”.

La perspectiva del funcionario, citada en el post de su cuenta en la red social es que “Standard & Poor’s destaca el trabajo del gobierno de México con el sector privado en la implementación de los dos paquete de infraestructura y resalta el compromiso con la prudencia fiscal, mantener la deuda controlada y estable y la estabilidad macroeconómica”.

En tanto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó en sus redes sociales que esta ratificación demostraba la solvencia de las finanzas públicas y la fortaleza macroeconómica.