En el marco de la discusión pública sobre la reforma a la Ley del Infonavit, el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza, reveló detalles alarmantes sobre los casos de desfalco y mal manejo al interior de la institución. Estos escándalos se suman a los más de 4 millones de créditos impagables, entregados desde 1987, que, a pesar de los pagos de los derechohabientes, continúan incrementando su deuda debido a prácticas crediticias abusivas.

En La Mañanera del Pueblo, Romero Oropeza señaló que, a lo largo de la última década, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no ha sido capaz de construir viviendas accesibles para las y los trabajadores con menores ingresos. De hecho, 7.3 millones de derechohabientes se encuentran sin opciones habitacionales en el mercado, a pesar de ser elegibles para acceder a créditos. Este déficit se explica en parte por los retrasos en la construcción de vivienda de interés social, un tema clave dentro de la reforma planteada por el Gobierno de México.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la reforma a la Ley del Infonavit está pendiente de discusión y aprobación en el Senado. Esta propuesta, que mantiene el carácter tripartito del instituto, busca garantizar una vivienda social adecuada y accesible para las y los trabajadores mexicanos, y contempla un sistema con créditos baratos, desarrollo de viviendas y un programa de arrendamiento social con opción de compra, lo que permitiría a los asalariados de menores recursos acceder finalmente a una vivienda digna.

Sobre el combate a la corrupción al interior del Infonavit, la mandataria agregó que la estructura orgánica del Instituto impide que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice los fondos de los trabajadores. Agregó que la reforma también plantea un cambio para que el Instituto sea transparente en el manejo de sus recursos.

Uno de los temas más llamativos de la conferencia matutina fueron los casos de corrupción expuestos por Romero Oropeza. En particular, destacó el caso de la empresa Telra Realty, que, tras un contrato de 100 millones de pesos para brindar un servicio al Infonavit, no cumplió con su entrega. En lugar de recibir sanciones, el Consejo de Administración del Instituto autorizó una indemnización de cinco mil millones de pesos, un acto que evidenció la falta de transparencia y control interno dentro del organismo.

Otro caso que ha generado indignación fue el de la Línea III, un programa para financiar a constructores de viviendas para los derechohabientes. Entre 2017 y 2018, 22 proyectos fueron autorizados sin que se concluyera ninguna obra, acumulando un adeudo de 575 millones de pesos. Estos hechos, sumados a la denuncia de 12 mil créditos fraudulentos sobre mil 400 viviendas, evidencian una red de corrupción entre trabajadores del Infonavit, notarios y valuadores, que otorgan créditos sobre propiedades ya vendidas varias veces.